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Desamparados

José Luis Elizondo T.
14 oct
71 Min. de lectura

José Luis Elizondo T.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que, unida a la reforma al Poder Judicial, pone en riesgo los derechos de los mexicanos para defenderse ante cualquier abuso de alguna autoridad.

El juicio de amparo, creación mexicana de los juristas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, nació para limitar el poder y proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. Gracias a esta figura, millones de mexicanos han podido detener actos arbitrarios, recuperar su libertad o evitar la aplicación de leyes inconstitucionales. El juicio de amparo ha sido el contrapeso jurídico que equilibra al poder político.

La reforma impulsada por la Presidenta propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que podría convertir a la justicia en una arena política y no en un espacio técnico y autónomo. A ello se suma la modificación a la Ley de Amparo, que busca restringir las suspensiones provisionales, impidiendo que los jueces detengan la aplicación de leyes o actos gubernamentales mientras se resuelve el fondo del juicio.

En los hechos, esto significa que los ciudadanos ya no podrán detener una arbitrariedad del poder hasta que sea demasiado tarde, ya que un juicio puede durar hasta su resolución final, lo que podría darse hastacuatro o más años, dejando en la indefensión a quienes son objeto de un acto de autoridad injusto.

Ambas reformas, presentadas bajo la bandera de la “voluntad popular”, parecen más bien orientadas a concentrar el poder y a debilitar los controles constitucionales. Sin jueces independientes ni amparos efectivos, el Estado de Derecho se debilita y se convierte en una formalidad vacía e inútil.

Las y los mexicanos no necesitamos una justicia politizada, sino una justicia eficiente, profesional y cercana a los ciudadanos. Los verdaderos cambios deben orientarse a fortalecer la carrera judicial, combatir la corrupción desde dentro y garantizar que los fallos se cumplan, no a desmantelar los equilibrios que tanto ha costadoconstruir.

La historia nos ha enseñado que cuando se debilita el derecho, se fortalece el abuso. Y cuando se somete la justicia al voto o al poder político, el ciudadano es el que pierde al quedar desamparado por la misma Ley Amparo.

Esperemos que la Cámara de Diputados no concreten este ataque al Estado de Derecho y dejen la iniciativa en la congeladora.

Hoy, más que nunca, proteger al Poder Judicial y al juicio de amparo es proteger la libertad y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Primer año de gobierno. Logros y desafíos

José Luis Elizondo T.

El pasado domingo fuimos testigos, una vez más desde que Morena controla el poder, de un viaje al pasado priista más autoritario, cuando el presidente en turno movilizaba masas para alimentar el culto a su personalidad, evocando el estilo más puro del dictador ruso Iósif Stalin.

Detrás de los aplausos y las cifras alentadoras que presentó la Presidenta, emergen también los contrastes que definen la compleja realidad del país. Somos una nación que avanza en algunos indicadores, pero se estanca o retrocede en otros. Un gobierno que inspira confianza en su honestidad, pero enfrenta desconfianza en su eficacia. Un liderazgo que promete transformación, pero que aún no logra que los resultados sean palpables para todos.

Elegida con un 60% de los votos en junio de 2024 como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación popular excepcionalmente alta —alrededor del 70%, según encuestas recientes—, lo que la posiciona como una de las líderes más populares en un contexto global marcado por la erosión democrática y las tensiones geopolíticas.

Su estilo pragmático y mesurado contrasta con el carisma confrontativo de López Obrador, quien hizo de la polarización un método de control político. Sin embargo, su gestión ha sido desigual. Los avances en equidad social y diplomacia contrastan con los estancamientos estructurales en economía, seguridad y, desde luego, con el lastimoso retroceso de las instituciones democráticas.

El gobierno ha priorizado la expansión de los programas sociales heredados de AMLO, destinando más de 836 mil millones de pesos en 2025 a apoyos para adultos mayores, estudiantes, madres solteras y mujeres. (Para 2026 será casi un billón de pesos). Esto ha contribuido a reducir la pobreza en algunos segmentos vulnerables, en sintonía con el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”. Esta continuidad explica buena parte de su popularidad. Sin embargo, sin una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos, mantener esta política implica seguir desmantelando al Estado,eliminando organismos de contrapeso, reduciendo apoyos a partidos políticos, suprimiendo cargos de elección popular y comprometiendo la inversión en educación, salud y seguridad. Así, el costo de los programas sociales podría terminar limitando la capacidad del gobierno para atender integralmente las necesidades de la población.

En materia de seguridad, hay indicadores alentadores. Los homicidios dolosos bajaron a 23,917 en los primeros once meses de su mandato, frente a los 31,801 del mismo periodo bajo el gobierno anterior. El aumento en detenciones y decomisos de fentanilo ha fortalecido la percepción de control estatal. En colaboración con Estados Unidos, Sheinbaum ha manejado con habilidad la relación con Donald Trump, aceptando algunas exigencias —como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera y extradiciones relevantes— sin ceder soberanía ni agravar tensiones diplomáticas. Su diplomacia “de cabeza fría” ha evitado choques mayores y consolidado a México como un socio confiable.

No obstante, los contrastes persisten. Las desapariciones aumentaron a casi 12,000 casos frente a los 9,500 del año previo, y la violencia en Sinaloa, desatada tras la captura de “El Mayo” Zambada, ha dejado más de 1,800 muertos, obligando incluso a cancelar las celebraciones del Día de la Independencia en ese estado.

En su mensaje, la Presidenta evitó referirse a los casos de corrupcióndocumentados durante el sexenio anterior, ni al llamado “huachicol fiscal”, un esquema que ha drenado miles de millones de pesos del erario. Aunque hay detenidos, los grandes responsables políticos siguen impunes. En contraste, el gobierno mantiene su ofensiva contra el grupo Salinas Pliego por adeudos fiscales, mientras el verdadero saqueo, el del huachicol fiscalpermanece en la sombra.

Sobre economía, Sheinbaum afirmó que “vamos bien”. Sin embargo, Banxico proyecta un crecimiento de apenas 1.2%, una cifra modesta comparada con los años previos a 2018, cuando la economía crecía en promedio al 2.2%. El Banco Mundial prevé, para el cierre de este año, un crecimiento aún menor, de 0.5%, y el FMI lo sitúa en 1.0% del PIB. Curiosamente, las mismas tasas que antes Morena consideraba “ridículas” ahora son presentadas como logros.

Como en toda celebración oficial, hubo silencios incómodos. No se mencionó la violencia impune del 2 de octubre, que aún mantiene a 16 policías capitalinos hospitalizados. Tampoco se abordó la crisis ambiental, la precarización laboral ni los rezagos educativos que persisten tras la pandemia.

El primer año de Claudia Sheinbaum refleja, como un espejo, las dos caras del país: la de los avances en justicia social y estabilidad política, y la de los pendientes que erosionan la confianza pública. México avanza, sí, pero con paso desigual.

Si en su segundo año logra convertir la estabilidad en resultados tangibles —más seguridad, mejor educación, inversión sostenida y fortalecimiento institucional—, podrá afirmar que ha iniciado realmente su propio proyecto de nación. Si no, la historia la recordará solo como la continuadora de una transformación inconclusa.

Entre la corrupción, la paridad forzada y el debilitamiento del amparo

José Luis Elizondo T.

Hoy, frente al teclado de mi computadora, me encuentro con tantos temas sociales, económicos, jurídicos y políticos que no sé por dónde empezar, o cuál de ellos abordar como tema central.

Está, por ejemplo, el caso del senador Adán Augusto López, cuya situación política se complica cada día con nuevas revelaciones —o filtraciones— sobre ingresos millonarios que él atribuye a servicios prestados a empresarios. Sin embargo, durante los últimos años ha ocupado cargos públicos de relevancia; primero como senador, luego como gobernador, después como Secretario de Gobernación y actualmente nuevamente como senador. Durante todo ese tiempo ha estado con licencia como Notario Público, por lo que no se sabe que servicios ha prestado a los empresarios para que le retribuyan de esa manera. ¿O serán las aportaciones a su pre campaña como corcholata morenista?

A ello se suma su relación con el llamado Comandante H, quien fuera su Secretario de Seguridad y, al mismo tiempo, líder del cártel La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. La reciente captura en Paraguay y posterior expulsión a México de Hernán Bermúdez, alias Comandante H, no hace sino agravar el panorama.

Todo apunta a que Adán Augusto tiene los días contados, no solo como coordinador de los senadores de Morena, sino incluso como integrante de la Cámara Alta. No sería extraño que, siguiendo la ruta de su exsecretario de Seguridad, busque asilo en algún país sin convenio de extradición con el nuestro.

Otro tema candente es la paridad forzada que pretende imponer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León, para que en las elecciones de 2027 solo mujeres puedan competir por la gubernatura y por 16 alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer.

La reforma constitucional de 2019 sobre paridad total estableció acciones afirmativas para que los partidos postulen el mismo número de candidatas y candidatos, pero en ningún momento contempló la exclusión de un género. Es clara la dedicatoria de esta iniciativa, a la que algunos medios ya han bautizado como la “Ley Anti Adrián”, por su evidente carga política.

Conviene recordar que las normas jurídicas deben ser abstractas, generales e impersonales.

Abstractas, porque no regulan un caso concreto, sino situaciones que pueden repetirse.

Generales, porque se aplican a todos los sujetos que encuadren en la hipótesis prevista.

Impersonales, porque no van dirigidas a una persona en lo particular, sino a cualquiera que cumpla la condición prevista.

Este principio está ligado al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley, evitando que el legislador —o en este caso el Tribunal Electoral— diseñe normas “con nombre y apellido” para beneficiar o perjudicar a alguien en lo particular.

Defender la paridad es necesario porque representa la mejor manera de abrir espacios a las mujeres en la vida pública. Pero hacerlo violando principios generales del derecho es, paradójicamente, un retroceso.

Finalmente, me refiero a la reforma impulsada desde la Presidencia de la República a la Ley de Amparo, cuyo objetivo es, en los hechos, descafeinarla. Si Mariano Otero viviera, seguramente sufriría un infarto ante la necedad de Morena de acotar la ley que históricamente ha protegido a las y los mexicanos frente a los actos de autoridad del propio gobierno.

Se le atribuye a Porfirio Díaz la frase: “Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”. Hoy, en el segundo piso de la 4T, la variante podría ser: “Pobre México, tan cerca de Cuba y Venezuela, y tan lejos de Dios”.

El pueblo palestino y su derecho a existir

José Luis Elizondo Treviño

Hace 77 años se creó el Estado de Israel, mediante una resolución de la ONU, en territorios habitados históricamente por el pueblo palestino. Aquella región de Medio Oriente estuvo bajo control británico tras la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvió el Imperio Otomano, que desde 1517 dominaba esa zona.

A lo largo de la historia, esa tierra ha sido habitada por cananeos y filisteos, y conquistada sucesivamente por los imperios egipcio, asirio, babilónico, persa, griego y romano; posteriormente por los bizantinos y, más tarde, por los árabes musulmanes.

Sin embargo, desde la creación del Estado de Israel comenzó la lucha del pueblo palestino por su reconocimiento como Estado soberano. Todos recordamos la lucha del líder la Organización para la Liberación Palestina encabezada por si líder Yasser Arafat.

Los elementos que definen a un Estado son población, territorio y gobierno o autoridad que organice a la sociedad y haga cumplir la ley. Los palestinos cumplen con estas condiciones: tienen una población, un gobierno y un territorio —Cisjordania y la Franja de Gaza—, pero no se les ha otorgado reconocimiento pleno. A pesar de que les asiste el derecho a constituirse como Estado, la geopolítica ha favorecido a Israel.

En Cisjordania gobierna una autoridad cuestionada, mientras que en Gaza el poder lo detenta Hamas, un grupo político armado catalogado como organización terrorista por Israel y gran parte de Occidente.

Fue precisamente una acción de Hamas en octubre de 2023 la que desató la furia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ese día, militantes de Hamas irrumpieron en territorio israelí, asesinaron a 1,200 personas y tomaron 251 rehenes. En represalia, Netanyahu lanzó una ofensiva con el objetivo declarado de erradicar a Hamas, pero los bombardeos han cobrado la vida de miles de civiles inocentes, entre hombres, mujeres y niños, lo que ha generado acusaciones internacionales de genocidio.

Hace algunos días, más de 140 países en la Asamblea General de la ONU (de 195 que existen actualmente) se pronunciaron a favor de la creación del Estado Palestino. Al mismo tiempo, exigieron el desarme de Hamas, asícomo que Israel repare los daños ocasionados al pueblo palestino.

La estrategia de Netanyahu ha resultado contraproducente, porque países tradicionalmente aliados de Israel, como Francia y el Reino Unido, hoy expresan abiertamente su respaldo a Palestina.

El camino hacia la paz en Medio Oriente pasa, necesariamente, por el respeto mutuo y por reconocer a Palestina como un Estado, con todos los derechos que ello implica, incluido un asiento en la ONU.

Hamas aún retiene rehenes israelíes desde 2023; se presume que muchos ya han muerto. Si entregara a los sobrevivientes y a los cuerpos de quienes fallecieron, podría abrirse una puerta para que Israel deponga las armas y se inicie, al fin, un proceso serio de paz.

El costo humano de este conflicto es inadmisible. Reconocer al Estado Palestino no es solo un asunto de política exterior, sino un acto de humanidad. Reconocer a Palestina es reconocer el derecho de un pueblo a existir con dignidad.

Se trata, en suma, de un asunto de justicia y de respeto al derecho fundamental a existir.

Una ceremonia del Grito diferente y el legado de Mauricio Fernández

José Luis Elizondo T.

El tradicional Grito de Independencia, celebrado la noche del 15 de septiembre, fue este año distinto, ya que por primera vez en la historia de México lo encabezó una mujer, la primera presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

La arenga también tuvo un matiz diferente, pues la mandataria intercaló los nombres de heroínas junto a los de los héroes de la patria, llevando la equidad de género a esta tradicional ceremonia mexicana.

Días antes, en Paraguay, fue detenido Hernán Bermúdez, conocido como el Comandante H, líder del grupo criminal tabasqueño “La Barredora”. Este hecho ha resultado incómodo para Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, quien en su momento designó a Bermúdez como Secretario de Seguridad Pública en esa entidad.

La detención y la posible extradición del Comandante H a México también preocupan a otro tabasqueño, a Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a Adán Augusto, a quien nombró secretario de Gobernación y proyectó como precandidato presidencial de Morena.

Todo esto, en contraste, ha fortalecido la imagen de la presidenta Sheinbaum, quien ha ganado aceptación tanto entre la ciudadanía como en diversos grupos de poder. La señal que se manda es clara;se acabaron los abrazos a los criminales; ahora se les persigue y se les castiga. Al menos hasta ahora, esa ha sido la política.

En paralelo, la presidenta presentó su primer informe de gobierno, y el Congreso se prepara para citar a comparecer a los secretarios de Estado con el fin de desahogar la glosa correspondiente.

Gradualmente, Sheinbaum avanza en la consolidación del poder. Falta ver si logra tender puentes más sólidos de comunicación con la Cámara de Diputados, el Senado y con la mayoría de los gobernadores. Paradójicamente, hasta ahora quienes más respaldo le han brindado son los mandatarios estatales de oposición.

Antes de concluir, deseo expresar mis mejores deseos por la pronta recuperación del Ing. Mauricio Fernández, quien siempre se ha distinguido por ser un político congruente, valiente y comprometido con la mejora del municipio de San Pedro en todos sus aspectos. Durante sus cuatro periodos como alcalde fue artífice de la modernización de la zona norte del río Santa Catarina, y en su primera administración estableció con claridad que todos los ciudadanos son iguales y merecen ser escuchados y atendidos en sus necesidades.

Mauricio Fernández ya forma parte de la historia de Nuevo León, tanto por su impulso decidido al arte y la cultura, como por su valentía para enfrentar la inseguridad en los momentos más difíciles de nuestro estado, además de sus gobiernos transparentes y cercanos a la gente.

Con firmeza y entereza, ha decidido separarse del cargo, pues sus condiciones de salud no le permiten continuar al frente de la alcaldía. Hasta en la enfermedad demuestra valor y compromiso con su comunidad. Confiamos en que, como en ocasiones anteriores, logre sobreponerse, y que San Pedro y Nuevo León sigan contando con Mauricio Fernández por muchos años más.

Los retos de la educación

José Luis Elizondo Treviño

El inicio del ciclo escolar 2025–2026 es propicio para reflexionar sobre los grandes retos que enfrenta nuestro sistema educativo nacional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, en México alrededor de 34 millones de alumnos integran la matrícula, desde la educación inicial hasta la superior. Se dice fácil, pero administrar con calidad un sistema de esa magnitud es un desafío monumental. Para dimensionarlo, más de 150 países del planeta tienen una población total menor a la de nuestra población estudiantil, considerando todos los niveles y modalidades de educación pública y privada.

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, entidades federativas, Ciudad de México y municipios— tiene la obligación de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) y la media superior son obligatorias.

Pero llenar las escuelas de alumnos no basta. El verdadero propósito es formar, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, ciudadanos responsables, con pensamiento crítico, solidarios y colaborativos, que fortalezcan el tejido social. Mujeres y hombres capaces de combatir las causas de la discriminación, respetuosos de los derechos humanos y promotores de un diálogo permanente entre humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como motores del bienestar y la transformación social.

No obstante, la política pública del gobierno federal parece estar centrada en abrir universidades gratuitas de dudosa calidad académica —como ocurrió en el sexenio anterior— y en continuar con un reparto indiscriminado de becas a estudiantes de casi todos los niveles. Estos programas, onerosos e ineficientes, no han demostrado hasta ahora un impacto real en la mejora de la educación; en cambio, sí proyectan un claro tinte electorero.

Lo que verdaderamente hace falta es un programa sólido de capacitación magisterial, que garantice calidad en la enseñanza; terminar con las profundas desigualdades educativas, asegurando acceso igualitario a espacios dignos, materiales adecuados y maestros preparados; y mejorar las condiciones materiales y de equipamiento de los planteles.

También es indispensable atender a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales en todas las instituciones. Pero no basta con integrarlos a un aula para “cumplir”. La inclusión debe ser real, con adecuaciones curriculares específicas y con el acompañamiento pedagógico, psicológico y emocional necesario. De lo contrario, tener a un niño en un rincón del salón solo como adorno no es inclusión: es exclusión disfrazada.

En el Congreso del Estado de Nuevo León, la Diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, impulsa una nueva Ley de Educación consensuada con decenas de sectores, desde especialistas académicos hasta grupos históricamente marginados. El proyecto, ambicioso y de avanzada, busca convertirse en la mejor ley estatal en la materia. Solo queda esperar que, una vez aprobada, el Ejecutivo la publique y no la mande a la congeladora.

“Es de justicia destacar el esfuerzo de la Diputada Perla Villarreal, quien con liderazgo, apertura y sensibilidad, ha logrado poner en la mesa de discusión una propuesta educativa seria, incluyente y de avanzada. Su trabajo demuestra que cuando la política se ejerce con responsabilidad, se convierte en un verdadero instrumento de transformación social.

La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa para construir el futuro de nuestra sociedad. Invertir en ella no es un gasto: es la mejor herencia que podemos dejar a las próximas generaciones. México no puede permitirse improvisaciones ni simulaciones; lo que está en juego es el destino mismo de la nación.

El Mayo en Agosto

José Luis Elizondo T.

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable el pasado 25 de agosto de 2025 ante un juez federal narcotráfico, crimen organizado y corrupción. A cambio de su declaración, le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó el hecho como una "victoria histórica" para la justicia de su país. Bondi enfatizó que Zambada "era uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo" y que su reinado de terror había terminado, asegurando que "morirá en una prisión federal.

Durante 50 años operó el Cártel de Sinaloa con absoluta impunidad por parte de los gobiernos mexicanos tanto del PRI como del PAN y de Morena, gracias a los sobornos a policías, militares, alcaldes, gobernadores y funcionarios federales, según declaró él mismo. Esta confesión confirma lo que analistas y autoridades sospechaban desde hace años, la existencia de una profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado mexicano, un fenómeno que trascendió múltiples administraciones federales.

Aunque el abogado defensor de Zambada fue categórico al afirmar que no se trata de un acuerdo de cooperación, los conocedores del tema señalan lo contrario, ya que podría obtener inmunidad para su familia, además de mejorar las condiciones de su encarcelamiento.

Desde su captura, habrá muchos ex funcionarios, y no se descartan quienes actualmente fungen como tal, que no dormirán tranquilos; además, su declaración de culpabilidad alimenta la percepción de que Washington posee ahora una radiografía detallada de los mecanismos de corrupción de los cárteles. Esto podría intensificar la presión diplomática sobre México para que limpie sus instituciones.

El verdadero terremoto, sin embargo, puede estar ocurriendo dentro del mundo criminal. La desaparición de "El Mayo" del tablero desató una sangrienta guerra en Sinaloa sus hijos “La Mayiza” y la facción de "Los Chapitos", que según reportes de inteligencia, incluso estaría explorando una alianza táctica con su histórico enemigo, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esto redibujará el mapa del narcotráfico en México, creando una configuración potencialmente más violenta y volátil. La sentencia de Zambada no es el final de la historia; es el inicio de un nuevo y peligroso capítulo.

La pregunta crucial ya no es sólo qué nombres de corruptos podrían salir a la luz, sino cómo el Estado mexicano contendrá la nueva ola de violencia que su caída ha desatado.

Una nueva era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

José Luis Elizondo T.

En pocos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará una nueva etapa. Se trata de un cambio histórico, no solo por los ministros electos, sino por las polémicas que rodearon su designación, como el abstencionismo récord, una cantidad inusitada de votos nulos y el uso de los controvertidos "acordeones" para orientar el voto ciudadano.

Ante este panorama, la pregunta que resuena en la sociedad es inevitable: ¿realmente tendremos una Suprema Corte independiente y autónoma del poder ejecutivo?

El reciente rechazo, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del último intento de invalidar el proceso electoral no hace sino alimentar las dudas. La propuesta del magistrado Reyes Mondragón, que señalaba los vicios de la elección, fue desestimada. Como es bien sabido, tres de los cinco magistrados electorales tienen una clara afinidad con el Ejecutivo y con el partido en el poder, una situación que pone en entredicho la imparcialidad del fallo.

Es cierto que algunos argumentan que Morena, al tener una mayoría en las cámaras legislativas (incluso si se trata de una "mayoría artificial"), tiene el derecho de usar su "aplanadora" política. Pueden tener algo de razón en la lógica de la aritmética parlamentaria, pero lo que la ciudadanía no puede, ni debe, aceptar es que los nueve ministros electos supediten sus sentencias a la voluntad política de quien ostente el poder.

Subordinar a ministros, magistrados y jueces de distrito a fines políticos sería el inicio de un desastre nacional.

En el ámbito económico, la falta de certeza jurídica ahuyentaría a los inversionistas locales y extranjeros, quienes buscarían destinos más seguros para su capital. La consecuencia directa sería una menor recaudación fiscal, afectando programas sociales e inversión pública, además de generar un inevitable aumento del desempleo. Esto, a su vez, podría propiciar un mayor endeudamiento, tanto público como privado, un alza en la inflación y en las tasas de interés, lo que golpearía directamente la economía de la mayoría de los mexicanos.

Sin una justicia imparcial y sin un poder judicial con verdadera independencia y autonomía, estaríamos en grave riesgo. La historia de Venezuela con el chavismo, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, es un claro ejemplo de las consecuencias. Un régimen que socava la independencia judicial acaba por erosionar las libertades y la estabilidad de una nación.

La última palabra la tendrán las y los ministros a partir del 1 de septiembre, cuando sus primeras sentencias revelarán el verdadero sentido de esta "nueva era".

La reforma electoral

José Luis Elizondo Treviño

12-agos ..México necesita una reforma electoral. No cualquier reforma, y mucho menos la que impulsa la Presidenta Sheinbaum. Pretender desaparecer la representación plurinominal no solo es un retroceso democrático, es renegar del mismo camino que llevó al partido gobernante al poder. Fue gracias a esos escaños que, paso a paso, lograron entrar a las Cámaras de Diputados y Senadores, conquistar alcaldías, gobernar estados y, desde hace siete años, gobernar el país.

La democracia mexicana es cara. Pero reducir costos no puede convertirse en el pretexto para debilitarla. Lo verdaderamente urgente es impedir que los partidos reciban dinero sucio, proveniente de actividades ilícitas que distorsionan la competencia política y atentan contra la voluntad popular expresada en las urnas.

Proponer que las autoridades electorales se elijan por voto popular es un error grave, tan grave como lo fue someter a elección directa a los integrantes del Poder Judicial. La imparcialidad no se construye en campañas políticas, se construye en instituciones sólidas y profesionales.

Se pueden discutir ajustes razonables, como eliminar a los senadores de lista para respetar el diseño original del Senado como cámara de representación igualitaria de los estados; reducir a la mitad los diputados plurinominales para mantener la pluralidad y evitar que el poder se convierta en una maquinaria autoritaria, como en los tiempos del partido único que Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”.

La reforma electoral que México necesita debe asegurar que las diputaciones se asignen conforme a la voluntad ciudadana, no a través de mayorías artificiales ni trampas legales. Debe acortar campañas y privilegiar el uso de redes sociales para comunicar propuestas, reduciendo así el costo de la democracia.

Y, sobre todo, debe cambiar la fórmula de financiamiento a los partidos, que el dinero se reparta según los votos obtenidos, no por el tamaño de la lista nominal. Esto obligará a los partidos a competir con mejores ideas y mejores candidatos, y no a vivir cómodamente del presupuesto.

La Presidenta Sheinbaum acierta al proponer una comisión intersecretarial para analizar el tema, pero una verdadera reforma electoral solo nacerá si en esa mesa están también los partidos políticos, la academia y la sociedad civil. Porque la democracia no se construye desde el poder, sino con el diálogo y el consenso.

Y si la reforma no sirve para fortalecer la pluralidad, la legalidad y la transparencia, servirá únicamente para reforzar al gobierno en turno, lo que sería un lamentable retroceso.

La Prisión Preventiva Oficiosa

José Luis Elizondo T.

5-ago- El caso de Israel Vallarta, liberado después de casi veinte años de haber sido detenido sin que se dictara una sentencia de culpabilidad, vuelve a colocar en la opinión pública el delicado tema de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional.

Organismos internacionales han expresado una postura crítica y constante respecto a esta figura en México, señalando que es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. La principal preocupación radica en que su aplicación viola principios fundamentales del debido proceso.

Se trata, además, de un tema aún pendiente de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos integrantes del Pleno ya se han pronunciado en contra de esta figura, entre ellos, la ministra regiomontana Margarita Ríos Farjat.

El artículo 19 de nuestra Carta Magna señala con claridad que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas. Sin embargo, en el párrafo siguiente establece un listado de delitos en los que el juzgador está obligado a imponer prisión preventiva oficiosa, sin analizar las circunstancias del caso. Son 20 delitos enumerados en el texto constitucional, más 12 adicionales referidos en la Ley de Seguridad Nacional.

La prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia, pues trata a la persona como culpable antes de que se demuestre su responsabilidad mediante un juicio justo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar que la detención preventiva debe ser una medida excepcional, no la regla. Al ser obligatoria, la prisión preventiva oficiosa no cumple con este principio de excepcionalidad y se convierte, de facto, en una pena anticipada.

Además, atenta contra la independencia judicial, al obligar a los jueces a dictarla sin un análisis individualizado. Se les priva de su capacidad para ejercer control judicial y tomar decisiones con base en las pruebas y las particularidades de cada caso.

Esto compromete seriamente la autonomía del Poder Judicial. Y ahora más que nunca, vale preguntarse cuánta independencia tendrán los ministros, magistrados y jueces que resultaron electos mediante una votación marginal y con “acordeones” que orientaron el voto de los ciudadanos.

Diversos organismos internacionales han determinado que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa son figuras incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cada juzgador debe analizar, caso por caso, si existe un riesgo real para la víctima o la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. En tales circunstancias, podrá aplicarse la prisión preventiva justificada, como ocurre en otros países. Pero nunca debe imponerse de forma automática.

Esperamos que las ministras y ministros de la Corte resuelvan lo conducente y declaren, sin ambigüedades, la inconstitucionalidad de esta figura contraria a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Nicolás Maduro y las organizaciones narcoterroristas

José Luis Elizondo T.

31-jul-La DEA ha ofrecido 25 millones de dólares como recompensa a quien proporcione información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien ha señalado como líder del Cártel de Los Soles. Esta organización trafica cocaína hacia Estados Unidos y brinda apoyo a grupos terroristas extranjeros que amenazan la seguridad estadounidense, entre ellos el Cártel de Sinaloa, según reportes de esa misma agencia.

Marco Rubio, quien se desempeña como Secretario de Estado en el gobierno del presidente Donald Trump, declaró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Además de su vinculación con organizaciones narcoterroristas, se le acusa de manipular procesos electorales y desafiar abiertamente la voluntad del pueblo venezolano, al proclamarse vencedor en las elecciones del año pasado sin pruebas fehacientes.

“Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”, afirmó Rubio en un comunicado. Lo que podría seguir a esta declaración es que la inteligencia estadounidense comience a voltear la mirada hacia México, donde algunas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas, cobro de piso, extorsión y otros delitos ya han sido catalogadas como grupos terroristas.

El acuerdo alcanzado con Ovidio Guzmán, alias “El Chapito”, para reducir su condena a cambio de información, ya comienza a dar resultados. Uno de ellos es la vinculación del Cártel de Los Soles con el Cártel de Sinaloa.

Pronto podríamos ver nuevas acciones por parte de las agencias de seguridad del país vecino, enfocadas en combatir al crimen organizado en territorio mexicano.

Incluso, no sería extraño que algunos actores políticos fueran señalados como colaboradores de estas organizaciones. ¿Cuántas campañas electorales han sido financiadas con dinero del crimen organizado? ¿Por qué en Veracruz la mafia local cobra “piso” a los taxistas, y para sembrar el miedo ya han asesinado a cinco de ellos, incluida una maestra jubilada que trabajaba como taxista para completar sus ingresos? ¿Qué está haciendo el gobierno de Veracruz (y los demás estados del país), para proteger la vida de estos trabajadores y de otros sectores de la población que son amedrentados diariamente por estas organizaciones criminales?

Adán Augusto, el Comandante H y la Barredora

José Luis Elizondo Treviño

25-jul..La presidenta Sheinbaum sigue en su camino de retomar el control del poder, el cual, algunos aseguran que aún reside en un rancho de Palenque, Chiapas.

La reciente investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, alias el Comandante H, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, sacudió los cimientos de la ética oficialista. Bermúdez fue nombrado en el cargo por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy coordinador de Morena en el Senado. A esto se sumó la filtración de un video de Ricardo Monreal en un exclusivo hotel madrileño, que abrió un nuevo flanco de vulnerabilidad para el líder de los diputados guindas.

Ambos casos le dan a la presidenta Sheinbaum la pauta para mover sus piezas. La posibilidad de sustituir a Adán Augusto y a Monreal en las coordinaciones legislativas sería una jugada estratégica, ya que no solo marcaría un deslinde con los vicios del sexenio pasado, sino que le permitiría tomar el control real de su partido en ambas cámaras legislativas, y con ello, empezar a gobernar con sus propios proyectos, sin tutelas incómodas ni herencias tóxicas.

Porque si algo ha quedado claro es que la operación de seguridad en Tabasco no fue un “error de confianza”. Los indicios señalan que, durante el gobierno de Adán Augusto, Bermúdez no solo fue su brazo operativo en seguridad, sino también el facilitador de una estructura paralela de poder: La Barredora, vinculada en un inicio al Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades ilícitas como el huachicol, cobro de piso, desapariciones, extorsiones, trasiego de droga y tráfico de personas. Todo bajo el amparo institucional.

La Barredora surgió, dicen los que saben, cuando el comandante H. decidió desligarse del Cartel Jalisco Nuevo Generación y crear su propia organización criminal, para ello decidieron barrer de Tabasco todo indicio del Cartel jalisciense, que dicho sea de paso, tiene presencia en todos los estados de la República.

Hoy, con una orden internacional de captura sobre Bermúdez y la presión mediática encima, comienza a pesarle a Morena el proyecto de la Cuarta Transformación.

Y aunque López Hernández ha declarado que no se le investiga, que todo es “politiquería”, la verdad es que el silencio de Palacio Nacional ya no es suficiente. La presidenta necesita hacer una demostración de fuerza. Por eso no fue casual que, al ser cuestionada, Sheinbaumdijera que “sería bueno que diera su versión”, en una frase que suena más a ultimátum que a cortesía política.

Desde hace días, en los pasillos del Senado se habla de su relevo. La bancada de Morena, cerrada por ahora con él, no puede darse el lujo de sostener una coordinación bajo sospecha, justo cuando arranca la nueva administración. La gobernabilidad no puede depender del blindaje político a personajes que arrastran expedientes criminales en sus equipos.

De concretarse su salida, Sheinbaum habría tomado su primer gran decisión estratégica. En vez de tolerar un liderazgo ligado a estructuras delictivas, estaría construyendo un nuevo bloque legislativo con base en perfiles propios, confiables y, sobre todo, desligados del sexenio pasado.

La depuración apenas comienza. Porque Morena —si aspira a durar más allá del sexenio— necesita sacudirse la sombra de quienes llegaron por el dedo del fundador, pero olvidaron los principios que decían defender: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

El desmantelamiento de la democracia

José Luis Elizondo Treviño

16-jul-- La iniciativa de reforma electoral que enviará la presidencia a la Cámara de Diputados lleva implícita la semilla de la destrucción de las instituciones democráticas que tanto nos ha costado edificar a las y los mexicanos.

Una demanda constante de los grupos políticos de izquierda, antes de que Morena asumiera el poder, fue la consolidación de la representación proporcional para que todas las fuerzas políticastuvieran representación en las cámaras. Ahora pretenden eliminarla, impidiendo que las minorías actuales tengan espacios para la discusión política y la construcción de consensos.

La reducción de partidas presupuestarias a los partidos políticos es peligrosa, pues abre la posibilidad de que busquen financiamiento en grupos económicos con intereses particulares o, peor aún, en organizaciones criminales. Además, recortar el financiamiento público beneficiaría principalmente a Morena, ya que desde el gobierno podrían inyectarle recursos de manera encubierta, lo que afectaría la equidad en las contiendas electorales.

La elección por voto popular de las y los consejeros del INE es otra medida cuestionable. Al desmantelar este Instituto, se debilitaría el último bastión de defensa democrática. Ex consejeros presidentes del INE (y antes del IFE), a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), fundamentan sólidos argumentos a favor del sistema. Sin embargo, las cámaras, controladas por Morena mediante maniobras ilegítimas, ignoran las razones y solo obedecen, demeritando el debate legislativo.

Resulta igualmente preocupante que la iniciativa provenga del Ejecutivo. Desde la creación del IFE, todas las reformas electorales se habían construido mediante consensos multipartidistas, pues las reglas electorales deben ser aceptadas por los partidos que van a contender en procesos electorales.

El próximo período de sesiones, que inicia el día primero de septiembre, podría marcar el principio del fin de nuestra democracia.

El huachicol

9-jul Desde hace años, algunos grupos delincuenciales se han dedicado a la ilegal tarea de ordeñar los ductos de PEMEX para robar gasolina y venderla en distintos tramos carreteros. Sin duda, se trata de una actividad peligrosa, ya que almacenan el combustible en bidones al aire libre y, en ocasiones, lo mezclan con otros químicos para aumentar el volumen, dejando a los automovilistas expuestos a daños graves en los motores de sus vehículos.

Recordamos que, en el sexenio pasado, se nos aseguró que el problema del huachicol había sido erradicado; sin embargo, lo que ocurrió fue una transformación del delito: pasó del robo en tomas clandestinas al manejo de cantidades industriales de combustible ilegal.

El reciente hallazgo de más de 15 mil millones de litros de gasolina almacenados en 129 carros tanque de ferrocarril, estacionados en Ramos Arizpe, Coahuila, es un indicio claro de que el huachicol se realiza con la complicidad, o al menos la omisión, de autoridades de distintos órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales.

Antes de este hallazgo, la Secretaría de Seguridad había clausurado una refinería clandestina que operaba impunemente a un costado de la refinería de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional ha admitido que utilizó gasolina ilegal, producto del huachicol, para movilizar camiones durante la construcción del Tren Maya. Una verdadera paradoja, considerando que esa dependencia es responsable de la seguridad nacional.

Mientras tanto, PEMEX continúa reportando pérdidas millonarias trimestre tras trimestre, e incrementando su deuda hasta convertirse en la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Debemos reconocer que la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad, García Harfuch, están enfrentando con determinación a los grupos criminales dedicados a la venta ilegal de combustibles, al tiempo que han desmantelado cientos de laboratorios de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Durante todo el sexenio anterior, se afirmaba que en México no existían laboratorios de drogas. Incluso, en una de sus conferencias matutinas, el entonces presidente sacó un pañuelo blanco para declarar que el huachicol había sido eliminado, para bien del pueblo mexicano.

Hoy sabemos que eso no era verdad. El tráfico de combustibles ha escalado a tal magnitud que ya no puede llamarse “huachicol”, pues se trata de operaciones de tipo industrial llevadas a cabo por grupos criminales coludidos, en algunos casos, con centros de poder político.

El gobierno federal debe reforzar la coordinación con los estados y los municipios del país para fortalecer la vigilancia de los ductos. Las tareas de investigación e inteligencia policial han dado resultados relevantes en el decomiso de combustibles ilegales.

Sin embargo, es necesario implementar medidas adicionales, como establecer la trazabilidad del combustible desde su salida de las refinerías hasta su llegada a las estaciones de servicio, o establecer controles volumétricos que permitan detectar discrepancias entre el combustible adquirido y el vendido en cada gasolinera.

Estas acciones podrían contribuir de manera decisiva a combatir un delito que no solo afecta las finanzas públicas de PEMEX y del país, sino que también pone en riesgo la vida de quienes manipulan el combustible robado y agrava el deterioro ambiental.

México bajo tensión

José Luis Elizondo T.

4-jul- Los acuerdos alcanzados por Ovidio Guzmán para declararse culpable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos derivaron en que una Corte de Nueva York le retirara cinco cargos penales al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esta situación representa un riesgo creciente para los cárteles de la droga que operan en México y que han sido ya clasificados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense. Para lograr este acuerdo judicial, Ovidio Guzmán, también conocido como “El Ratón”, está obligado a proporcionar información privilegiada a las autoridades norteamericanas. Esta información podría comprometer a figuras relevantes de la política mexicana, incluidos gobernadores, presidentes municipales, altos funcionarios de seguridad e incluso elementos de las Fuerzas Armadas.

Con estos datos en poder de la inteligencia estadounidense, es probable que las relaciones bilaterales se tensen aún más. La presidenta Claudia Sheinbaum podría verse forzada a aceptar la intervención de fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio mexicano, con el propósito de desmantelar a los cárteles y detener a integrantes de la clase política involucrados con el crimen organizado.

Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha cumplido sus amenazas. Él mismo ha declarado que, si México no puede acabar con los cárteles, lo harán ellos.

Debemos estar atentos a la evolución de este tema en la agenda nacional. En años recientes, México ha respondido con firmeza a las presiones de Washington. Primero desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo; ha capturado y extraditado a decenas de delincuentes solicitados por la justicia norteamericana; ha destruido laboratorios clandestinos y decomisado millones de litros de gasolinailegal, mejor conocida como huachicol.

Sin embargo, Trump quiere más. Y lo conseguirá con la información que, seguramente, Ovidio Guzmán ya ha compartido o está por compartir, a cambio de la protección de su familia y de una reducción en su sentencia y la de su hermano Joaquín.

Israel e Irán, de amigos a enemigos

José Luis Elizondo T.

Desde la creación del estado de Israel en 1948, con el objetivo de establecer una nación para el pueblo judío que había sido dispersado tras el dominio romano, las relaciones con Irán fueron sólidas. Hasta 1979, ambas naciones no solo mantenían relaciones diplomáticas, sino que también colaboraban en proyectos de desarrollo económico y militar. Incluso, el gobierno de Irán fue el segundo en aprobar la creación del estado de Israel. Esto se debía, en gran medida, al apoyo estadounidense que recibía Irán, y dado que Israel siempre ha sido considerado un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, Irán era un país amigo. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente cuando el Sha de Irán fue derrocado y un gobierno teocrático, dominado por los Ayatolás, asumió el poder.

El nuevo gobierno se distanció de Estados Unidos debido al apoyo brindado a la monarquía del Sha y, por consiguiente, se enemistó con Israel. Esta nueva postura llevó a la creación de grupos paramilitares que han sido declarados como terroristas por el gobierno estadounidense, como Hezbolá en Líbano, Hamás en la Franja de Gaza y grupos chiítas en Yemen e Irak, conocidos como Hutíes o el "Ejército de Dios", que han generado terror y logrado controlar extensas zonas en Yemen.

El principal objetivo de estos grupos es atacar a Israel, lo que ha impedido que el pueblo israelí experimente largos períodos de paz. El conflicto más reciente se inició en octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, dejando un saldo de 1200 personas fallecidas. Este acto desató una fuerte respuesta del presidente Netanyahu, con ataques severos a la Franja de Gaza. Aunque el objetivo declarado fue eliminar a Hamás, esas operaciones han causado y siguen causando numerosas víctimas civiles.

Recientemente, la inteligencia israelí determinó que Irán había violado el acuerdo de no proliferación nuclear al enriquecer uranio (Irán posee yacimientos de este material radiactivo) con el fin de desarrollar armas atómicas. Ante esta situación, el primer ministro Netanyahu ordenó un ataque masivo contra sitios estratégicos iraníes, así como contra líderes militares y científicos involucrados en su programa nuclear.

Irán respondió con misiles modernos, algunos de los cuales lograron superar el "Domo de Hierro", como se conoce al eficiente sistema de defensa antimisiles de Israel, impactando en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv.

Después de varios días de intercambio de ataques, Estados Unidos intervino, destruyendo los tres búnkeres donde se enriquecía el uranio con "bombas antibúnker". Sin embargo, persiste la incógnita sobre si los iraníes lograron extraer el uranio antes del bombardeo.

En este escenario, la imagen del presidente Trump se ha magnificado como el político que detuvo, provisionalmente, el conflicto. Si Irán conservara el uranio, su programa nuclear solo se habría retrasado unos meses, pero la amenaza a la paz y la seguridad mundial seguiría latente.

El cambio en las relaciones entre Israel e Irán, de aliados estratégicos a adversarios implacables, subraya la complejidad geopolítica de Medio Oriente.

La escalada de violencia y el desarrollo nuclear iraní representan un enorme desafío que requiere de una acción de la diplomacia internacional y soluciones duraderas.

Criminalizar la migración

José Luis Elizondo T.

13-jun Las recientes protestas de personas migrantes en la ciudad de Los Ángeles, violentamente reprimidas por la Guardia Nacional estadounidense, son una alarmante muestra de intolerancia, racismo y violación a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Migrar es un derecho humano fundamental. A lo largo de la historia, las personas han migrado en busca de mejores condiciones de vida, ya sea por necesidad económica, por seguridad personal o por el simple deseo de ofrecer a sus familias un futuro más digno. Hoy, como ayer, los migrantes no huyen del confort, sino de la pobreza, la violencia y la desesperanza. Criminalizarlos no es solamente injusto, sino inhumano.

Los migrantes que llegan a Estados Unidos no son una amenaza, al contrario, son una fuerza laboral que ha contribuido durante décadas al desarrollo económico y social de ese gran país. Negar esta realidad es borrar con prejuicios una parte esencial de la historia estadounidense.

Reprimir sus protestas pacíficas, que son una forma legítima de expresión, es un acto de autoritarismo y desprecio a los derechos fundamentales. Más aún, revela un intento de utilizar el miedo y el odio como herramientas políticas.

Es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum se excedió al sugerir a los mexicanos en Estados Unidos que se manifestaran pacíficamente. La política exterior debe ser prudente, especialmente ante una figura como Trump. Sin embargo, también es cierto que estas acciones están generando un creciente rechazo hacia el mandatario republicano, sobre todo entre gobernadores demócratas, como es el caso del de California, Gavin Newsom, quien podría aprovechar estas medidas para exhibir su autoritarismo ante el electorado norteamericano.

Mientras tanto, México enfrenta una delicada encrucijada. A la amenaza de nuevas tarifas arancelarias, los ataques de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior estadounidense, y la inminente revisión del T-MEC, se suma la aprobación de una reforma judicial que ha sido ampliamente criticada por su regresividad. Todo esto ocurre en un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación e inseguridad persistente.

La presidenta Sheinbaum enfrenta así una tormenta perfecta: una crisis diplomática con Estados Unidos, una crisis política interna por las decisiones del Congreso, una economía estancada y una inseguridad que no da tregua. Su capacidad para navegar entre estos desafíos será determinante para reencontrar el rumbo del país, o naufragar por un largo período.

Votación histórica

José Luis Elizondo T.

3-jun- La elección de los integrantes del Poder Judicial, celebrada el pasado primero de junio, pasará a la historia, pero no por ser la primera del país en su tipo, sino por haber registrado la menor participación ciudadana en el México moderno y, por lo mismo, por haber resultado en los votos más costosos en la historia nacional.

La Constitución de 1824 ya establecía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían electos por voto popular, aunque no así los jueces de distrito, quienes serían propuestos por el Presidente de la República en una terna y elegidos por el presidente de la Suprema Corte (artículos 127 a 135 de dicha Constitución).

Por lo tanto, no se trata propiamente de una elección histórica en cuanto a la forma de elegir a las y los ministros de la Corte Suprema. Lo que sí resulta inédito es que, de acuerdo con cifras publicadas en diversos medios de comunicación, la elección costó poco más de 13 mil millones de pesos, sin contar los gastos en movilización ni la impresión de millones de acordeones. Si los votantes efectivos fueron, según datos oficiales, 13 millones de personas, cada voto emitido costó al erario aproximadamente mil pesos.

Si a esto añadimos que el porcentaje de votos nulos y votos en blanco también alcanzó niveles históricos, pues superó los dos dígitos, algo sin precedente en una elección nacional, entonces el costo por voto efectivo se eleva aún más.

De hecho, hasta el día de ayer, los votos nulos y en blanco superaban, por mucho, la votación obtenida por cualquier ministro o ministra en contienda, representando alrededor del 22 por ciento del total. En otros procesos electorales, el voto nulo suele fluctuar entre el 2 y el 4 por ciento. Este fenómeno constituye un mensaje claro de los votantes, quienes expresan así su desacuerdo con una reforma que desmantela al único poder independiente que le quedaba al país, y que fungía como contrapeso frente al poder presidencial.

Esta "elección histórica" podría ser, lamentablemente, el inicio del fin de la democracia mexicana. Las nuevas generaciones, sin duda, nos lo van a reclamar.

La economía en caída libre

José Luis Elizondo T.

26-may .. Durante la presentación del informe al primer trimestre, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, anunció que BANXICO redujo la proyección de crecimiento económico del país para este año, de 0.6 por ciento que anunciaron en enero a un 0.1 por ciento.

Lo anterior, lejos de ser un fenómeno cíclico, es el resultado de malas decisiones internas y presiones externas que han fracturado la confianza y frenado los motores de desarrollo y crecimiento económico.

La reactivación de la política arancelaria de Donald Trump ha encarecido insumos, reducido exportaciones y frenado cadenas productivas, afectando a varios sectores industriales, principalmente el automotriz, uno de los más importantes en nuestro país.

La controvertida reforma al poder judicial, lejos de fortalecer la justicia, ha erosionado el Estado de Derecho. Someter a elección a todos los integrantes del Poder Judicial, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia, debilitará en un grado extremo la confianza en el sistema de impartición de justicia, el que ya estaba rebasado por la gran cantidad de demandas pendientes de resolver.

Esta reforma ha enviado una mala señal a los inversionistas, porque implica que la justicia se politizará, creando incertidumbre en los inversionistas, quienes podrían llevar sus capitales a otras economías más seguras, o cancelando, ahuyentando o por lo menos demorando, sus proyectos de inversión en el país.

Estos factores, así como el incremento en el índice de precios al consumidor que se registró en el más reciente informe de BANXICO, han propiciado que el nearshoring sea solo un mito.

La infraestructura insuficiente, la inseguridad jurídica, el incremento en la delincuencia y el enfrentamiento entre los cárteles que se disputan el control del territorio nacional, aunado a la falta de capacidad de generación de energía eléctrica suficiente y escasez de agua, han convertido esta ventaja histórica en un fracaso escandaloso.

SI persisten estas condiciones en la economía, entraremos en una espiral recesiva, con menos inversión, lo que su vez generará menos empleo y un menor consumo interno. Esperemos que se rectifique el rumbo o nos enfrentaremos a una fuga de capitales y una posible devaluación de la moneda, como en los años setentas del siglo pasado.

El atentado y el mensaje

José Luis Elizondo T.

21-may El atentado y posterior ejecución de dos altos funcionarios del gobierno capitalino no solo terminó con la vida de dos servidores públicos, sino que también envió un mensaje claro a las autoridades de seguridad pública, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal.

De manera artera y con la precisión de un tirador experimentado, el pistolero acribilló a sangre fría a Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada.

Sin duda, los movimientos de Ximena y José habían sido estudiados previamente, pues el asesino esperó cerca de 20 minutos en el lugar donde planeó el doble homicidio. No los mataron por lo que hacían, por sus pertenencias o porque representaran una amenaza para quien ordenó su ejecución, sino para transmitir un mensaje directo a la jefa de Gobierno, a la presidenta de la República, al secretario Omar García Harfuch y, me atrevería a decir, a todos los habitantes: “No se interpongan en nuestro camino” o, más claramente, “Vuelvan a la estrategia de abrazos, no balazos”.

Este crimen, sumado al asesinato de candidatas y candidatos en Veracruz, así como a las decenas de homicidios dolosos que ocurren diariamente en el país, es resultado de la desastrosa política de seguridad pública implementada durante el sexenio de AMLO.

Claramente, la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no comparten esa visión. El propio Harfuch sufrió un atentado cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, del cual afortunadamente salió ileso.

Los mexicanos aún tenemos la esperanza de que la presidenta Sheinbaum, con o sin el apoyo de Trump, logre instaurar la paz en este México herido.

La administración de Sheinbaum enfrenta el enorme reto de revertir el legado de inseguridad, pero también tiene la oportunidad histórica de demostrar que otro camino es posible.

Las negociaciones de alto nivel de Ovidio Guzmán

José Luis Elizondo T.

15-mayo... Hace algunos días, 17 familiares de Ovidio Guzmán López, incluida su madre, cruzaron la frontera por la ciudad de Tijuana, donde ya los esperaban agentes del FBI.

Esta noticia se conoció tras un acuerdo de alto nivel que habría negociado el propio Ovidio, quien, al parecer, resultó más astuto que su padre. El pacto consiste en declararse culpable de delitos relacionados con el narcotráfico a cambio de ciertos beneficios, comouna posible reducción de condena, protección para su familia en Sinaloa y, quizá, la posibilidad de convertirse en testigo protegido.

Todo indica que, con o sin el consentimiento del gobierno mexicano, las autoridades estadounidenses están decididas a ir tras los grupos criminales que han clasificado como organizaciones terroristas.

A ello se suma la supuesta lista elaborada por Marco Rubio, influyente y poderoso Secretario de Estado, en la que figuran prominentes políticos mexicanos a quienes se les cancelarían sus visas y se les congelarían cuentas bancarias en Estados Unidos. De confirmarse la información proporcionada por Ovidio al Departamento de Justicia, más de uno en la clase política nacional debe estar temblando.

Campañas electorales financiadas por Cárteles, concesiones para que controlen regiones enteras, omisiones ante las extorsiones a productores y transportistas, y otras tantas complicidades de gobernadores, alcaldes y funcionarios federales de los tres poderes podrían salir a la luz en los próximos meses.

Aunque desde Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum exprese su indignación por la falta de información del gobierno de Trump, es poco probable que obtenga respuesta. Washington juega su propio ajedrez, y en ese tablero, el Chapito se ha convertido en una pieza clave.

El caso de Ovidio Guzmán no es solo un escándalo judicial, es un espejo incómodo que refleja hasta qué punto la política mexicana ha sido infiltrada por intereses criminales.

Las revelaciones que surjan podrían cimbrar instituciones, sacudir candidaturas y obligar a un replanteamiento de la relación bilateral en materia de seguridad.

9-mayo

EL ABC PARA LA ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

José Luis Elizondo Treviño

La elección del próximo 1 de junio será atípica. Primero, porque será la primera vez que tendremos la oportunidad de votar por integrantes del Poder Judicial de la Federación; y segundo, porque en cada boleta elegiremos a varias personas. En total, serán seis boletas las que nos entregarán en la casilla correspondiente. En la que me corresponde, elegiremos a 39 personas.

Las boletas para elegir a las y los ministros serán las mismas en todo el país. En ellas aparecen los nombres de 64 aspirantes. Elegiremos a 5 mujeres y 4 hombres, anotando el número correspondiente en la parte superior de la boleta.

La boleta para elegir a las y los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial también será la misma a nivel nacional. Contiene los nombres de 38 aspirantes, de entre los cuales elegiremos a 3 mujeres y 2 hombres.

Para la elección de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, votaremos por 1 mujer y 1 hombre de entre 15 aspirantes al cargo.

En los demás casos, las boletas varían según la sala regional del Tribunal Electoral que le corresponda a cada estado, ya que el país se divide en cinco circunscripciones.

Nuevo León forma parte de la segunda circunscripción, cuya sede regional está en Monterrey, e incluye a los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En el caso de Nuevo León, elegiremos a 2 mujeres y 1 hombre de un total de 14 aspirantes.

Para la elección de magistradas y magistrados de circuito, las boletas varían en cada uno de los tres distritos judiciales del estado.

En la boleta correspondiente a mi sección electoral, ubicada en el primer distrito judicial, hay 29 candidatos, de los cuales elegiremos a 5 mujeres y 5 hombres. Se elegirá un magistrado y una magistrada por cada una de las ramas del derecho: administrativo, civil, penal, laboral y mercantil.

Este mismo procedimiento se aplicará para la elección de jueces de distrito. En la boleta de mi sección electoral hay 25 aspirantes, de los cuales elegiremos nuevamente a 5 mujeres y 5 hombres, uno por cada una de las ramas del derecho ya mencionadas.

Además, junto a cada nombre en las seis boletas aparecerán las siglas PE, PL, PJ y EF, que indican si la persona fue propuesta por alguno de los poderes o si actualmente está en funciones y se inscribió en el proceso.

Dada la complejidad del conteo, en las casillas no habrá escrutadores; los paquetes se trasladarán directamente al INE para el cómputo final.

Es muy importante consultar en la página del INE la lista de candidatas y candidatos, para conocerlos y, de ser posible, seleccionar con anticipación por quién votaremos. De lo contrario, cada persona podría tardar hasta 10 minutos en llenar sus boletas, lo que reduciría el ritmo de votación a apenas seis personas por hora.

Ahora solo nos queda cumplir con nuestro deber cívico: acudir y emitir nuestro voto.

América Latina y el Caribe, la región más violenta del mundo

José Luis Elizondo Treviño

2-mayo...Según un informe de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, publicado hace un año en el portal del organismo, esta región es la más violenta del planeta, con una tasa de homicidios dolosos diez veces superior a la de Asia. Aunque alberga solo el 9% de la población mundial, aquí ocurre un tercio de los homicidios globales.

Esta situación se ha agravado desde el año 2000, generando un aumento en la migración forzada y profundizando las desigualdades sociales, lo que a su vez alimenta un círculo vicioso en el tema de laviolencia.

“El crimen y la violencia obligan a los gobiernos a desviar recursos de desarrollo hacia seguridad. La violencia erosiona el capital humano, distorsiona el mercado laboral y debilita la productividad de las sociedades”, explica Jaramillo en el informe.

Hace décadas, México se alarmaba al superar los mil homicidios anuales. Sin embargo, en 2024, la cifra alcanzó 30,057 asesinatos dolosos, según datos oficiales.

El crimen organizado ya no se limita al narcotráfico; ahora abarca extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, control territorial y cobro de piso en carreteras y centros productivos.

Es positivo que el gobierno federal haya abandonado la política de ‘abrazos, no balazos’. Para recuperar la seguridad, el Estado debe fortalecer su capacidad de control sobre la criminalidad. Solo así México podrá atraer inversión productiva, reducir desigualdades y garantizar un futuro más seguro para las generaciones presentes y futuras.

Revertir esta crisis exige más que medidas reactivas; requiere una estrategia integral que combine seguridad, justicia eficaz y políticas sociales inclusivas.

El costo de la inacción es claro. Más migración forzada, economías paralizadas y sociedades fracturadas. América Latina, y México en particular, enfrentan una disyuntiva histórica: o rompen el círculo vicioso de la violencia con instituciones sólidas y cooperación internacional, o arriesgan décadas de retroceso en desarrollo humano.

La seguridad no es solo ausencia de balazos; es la base para construir sociedades donde el futuro no se mida en el número devíctimas, sino en oportunidades.

El tratado de aguas México-USA

José Luis Elizondo T.

23-abril-En 1944, en pleno contexto de posguerra y con la urgencia de garantizar el desarrollo agrícola y urbano de las regiones fronterizas, México y Estados Unidos firmaron un tratado que reguló el uso y distribución de las aguas internacionales de los ríos Bravo y Colorado. Este tratado, aún vigente, estableció las bases para un intercambio binacional que ha permitido, durante ocho décadas, cierta estabilidad en el manejo compartido de un recurso tan vital como escaso, como es el agua.

De acuerdo con el tratado, México debe entregar a Estados Unidos un promedio anual de 431 millones de metros cúbicos del río Bravo, mientras que Estados Unidos se compromete a proporcionar a México 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado cada año. A lo largo del tiempo, este acuerdo ha sido considerado un ejemplo de diplomacia hídrica que, pese a las tensiones, ha evitado conflictos mayores y ha dado certeza jurídica a ambos países.

Sin embargo, las condiciones naturales, sociales y climáticas han cambiado radicalmente desde 1944. La presión sobre los recursos hídricos ha aumentado de forma alarmante debido al crecimiento poblacional, la expansión agrícola, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación y, sobre todo, la crisis generada por el cambio climático.

Hoy, el agua ya no fluye como antes. Las sequías son más frecuentes y prolongadas; los caudales de los ríos han disminuido y los compromisos establecidos hace 80 años se han vuelto cada vez más difíciles de cumplir.

Esto ha generado tensiones entre ambos países, especialmente cuando México enfrenta dificultades para cumplir sus entregas en los ciclos quinquenales establecidos. Las comunidades del norte del país, particularmente en Chihuahua y Tamaulipas, resienten estas obligaciones, pues dependen de esas aguas para sus cultivos, su economía y su vida cotidiana. No se trata solamente de un problema técnico o diplomático, sino de un asunto de justicia hídrica y de derechos humanos.

Incluir en este tratdo el agua almacenada en las presas El Cuchillo y Marte R. Gómez, no estaba considerada en el convenio de hace 80 años, pero para cumplir con sus obligaciones, nuestro país ha recurrido a los embalses de estas presas.

La Marte R Gómez es fundamental para distrito de riego 026. Su uso agrícola es indispensable para mantener la economía de esa región; mientras que el agua de El Cuchillo es utilizada principalmente para satisfacer el consumo humano en Nuevo León.

¿Es funcional el tratado de 1944? La respuesta es compleja. Como marco legal, sigue siendo una herramienta útil y vigente. Pero operativamente, el tratado necesita ser actualizado. Requiere una revisión integral que contemple la nueva realidad climática, que incorpore criterios de sostenibilidad ambiental, que fortalezca los mecanismos de cooperación técnica y que garantice la participación activa de las comunidades afectadas. No podemos seguir operando con parámetros del siglo pasado para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Actualizar el tratado no significa renunciar a sus logros, sino darles continuidad. No se trata de romper con el pasado, sino de adaptarlo al presente para asegurar el futuro. En esta coyuntura, México debe asumir una postura firme pero propositiva, exigiendo corresponsabilidad a Estados Unidos y promoviendo un nuevo acuerdo que no solo reparta el agua, sino que preserve su existencia.

Una renegociación del tratado debe incluir aspectos básicos como las prolongadas sequías y el cambio climático. Se dice que el río Colorado, vital para Baja California y Sonora, está en crisis, con reducciones drásticas en su caudal; mientras que el río Bravo, ha acumulado déficits en sus entregas debido a la escasez del vital líquido que fluye por su caudal.

Debe considerar la contaminación, regulando la calidad del agua. Ejemplo de ello es la contaminación del Río Tijuana, que afecta a comunidades en ambos lados de la frontera, así como la salinidad del Colorado, que perjudica a los agricultores mexicanos.

Debe incluir mecanismos de adaptación climática, que contemple las temporadas de sequía, normas más estrictas para evitar la contaminación, promover el uso de tecnologías de riego eficientes con un enfoque en la sustentabilidad, además de promover la participación de comunidades locales, cuyas voces han sido marginadas en las decisiones técnicas que determinan el uso del agua.

El agua no reconoce fronteras. Su cuidado tampoco debería hacerlo. En tiempos de escasez, la cooperación y la visión a largo plazo son más necesarias que nunca; porque al final del día, lo que está en juego no es un tratado, sino nuestra capacidad de sobrevivir juntos en un planeta cada vez más afectado por el cambio climático.

“Es la economía, estúpido”

José Luis Elizondo Treviño

10-abril Durante la primera campaña presidencial de Bill Clinton, en 1992, colocó un cartel en su sala de estrategia que decía: “Es la economía, estúpido”. El mensaje era claro, lo que exigían los estadounidenses era una economía abierta, en crecimiento, que generara empleos y bienestar para la ciudadanía.

Clinton supo interpretar correctamente el sentir del electorado y, gracias a ello, encabezó el período de expansión económica en tiempos de paz más prolongado en la historia de Estados Unidos.

Tres décadas después, el presidente Donald Trump parecería ir en sentido contrario. Al imponer aranceles sin una lógica clara a los mercados que se le antojaban, comenzó a afectar seriamente los intereses económicos de su propio país. Las grandes empresas vieron desplomarse su valor accionario en las bolsas de valores alrededor del mundo.

La política arancelaria de Trump no solo incrementó los precios de los productos de consumo en Estados Unidos, generando presiones inflacionarias, sino que también ha motivado a la Reserva Federal a considerar aumentos en las tasas de interés. Las consecuencias negativas de esta política se han sentido tanto en el mercado bursátil como en el cambiario.

Si el presidente estadounidense persiste en negociar con el resto del mundo con el garrote de los aranceles en la mano, pronto impactaría directamente en las cadenas de suministro globales, elevando los costos de insumos clave para industrias estratégicas como la tecnológica y la automotriz. Esto podría generar un efecto dominó en múltiples sectores, ya que ambas industrias dependen de una red de proveeduría sumamente amplia.

A mediano plazo, los aranceles provocarían una reconfiguración de las cadenas de suministro. Las empresas se verían obligadas a diversificar proveedores o trasladar operaciones a países exentos, si quedase alguno, o bien incrementar su producción dentro de Estados Unidos, con el consiguiente aumento en los costos laborales.

Sin embargo, no todas las empresas tienen la capacidad para adaptarse rápidamente, ya sea por falta de capital o de tiempo. Esto podría derivar en una desaceleración económica global, con una contracción de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, afectando el empleo en sectores clave para países como el nuestro, particularmente en el ámbito manufacturero.

A largo plazo, el sistema comercial global se colapsará, dando paso a esquemas regionales, lo que afectaría especialmente a las economías emergentes.

Si Trump no rectifica su política arancelaria, China y Rusia podrían consolidar alianzas estratégicas para eliminar barreras comerciales con el resto del mundo, excluyendo a Estados Unidos. Entonces, como decimos en mi tierra, Estados Unidos se estaría dando “un balazo en el pie”, dejando atrás el imperio económico que ha ostentado por más de un siglo.

Alguien en la Casa Blanca debería colgar un nuevo letrero en la Oficina Oval que diga: “Es la economía, estúpido”.

El Rancho Izaguirre y la red de macabras complicidades

José Luis Elizondo T.

27-mar El macabro descubrimiento que llevó a cabo el grupo “Guerreros Buscadores de Jalisco” en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, solo confirma una realidad que todos conocemos, que en México se padece de una crisis humanitaria en materia de desaparición de personas.

Las cifras oficiales, publicadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son sumamente desoladoras. Hasta el 26 de marzo de este año 125,916 personas siguen sin localizarse, a los que habría que sumar otras 17,860 personas encontradas sin vida.Solo del 25 al 26 de marzo, se agregaron 142 nuevos registros de personas desaparecidas y no localizadas.

El campo de reclutamiento, o de exterminio, o como quieran llamarlo la fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República, no se puede ocultar la impunidad que impera en este país.

Recientemente el periódico El Sur, que se publica en el estado de Guerrero, reveló que decenas de jóvenes fueron reclutados por la autoridad laboral guerrerense, en colaboración con las alcaldías de Acapulco y Chilpancingo, con la promesa de brindarles capacitación laboral y otorgarles una visa de trabajo en Estados Unidos.

Los enviaban a supuestas “capacitaciones” a ranchos de Jalisco y Guanajuato, pero en realidad, quiero creer que sin tener conocimiento del destino que les esperaba a estos jóvenes, ávidos de obtener un buen trabajo, terminaron siendo forzados a engrosar las filas del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Quienes no servían para empuñar un arma o no tenían la capacidad de vivir en constante zozobra, los descartaban. Pero en este infierno no había la opción de renunciar; simplemente fueron sacrificados.

No es casualidad que el Estado de Jalisco sea uno de los que más personas desparecidas tienen registradas.

La imagen de nuestro país en el exterior está terriblemente deteriorada ante el hallazgo de esos campos de exterminio, que no son exclusivos de Jalisco, sino un problema nacional.

Esta tragedia también es consecuencia de la fallida política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior. Es de esperarse que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, con el apoyo de la inteligencia estadounidense, logre combatir a los grupos criminales que han convertido al territorio nacional un enorme panteón.

Educación de calidad, una urgente necesidad

José Luis Elizondo T.

La historia ha demostrado que las naciones que invierten en educación cosechan desarrollo, democracia y estabilidad. En cambio, aquellas que descuidan la calidad educativa siembran desigualdad, dependencia y fragilidad institucional. En los tiempos que vivimos, donde la desinformación prolifera y el pensamiento crítico se ve amenazado, la educación de calidad es más que un derecho, es una necesidad imperante.

En nuestro país hay dos poderosas organizaciones sindicales de maestros, el SNTE, sindicato oficialmente reconocido y predominante en el país, y la CNTE, que tiene fuerte presencia en Ciudad de México y estados del sureste.

Ambas organizaciones utilizan métodos de negociación diferentes, siendo la CNTE la más confrontativa al utilizar los bloqueos y plantones en cualquier época del año para conseguir canongías del gobierno federal. Ambas organizaciones tienen la finalidad de proteger al magisterio, pero no les preocupa mejorar la calidad de la educación que se imparte, sino mejorar sueldos y prestaciones.

Sin educación de calidad nuestro futuro estárá comprometido. El ejemplo de Corea del Sur y Singapur, dos de las naciones que en pocos años lograron un evidente progreso gracias a la educación es digno de estudiarse. Tienen una sociedad con menos desigualdad y con economías sólidas, además de hacer valer siempre el estado de derecho y evitar la impunidad.

Hoy, gracias al impacto de las redes sociales en los niños adolescentes y jóvenes, estamos presenciando lo que podría llamarse un "apocalipsis de la inteligencia". Un mundo en el que las mentiras se convierten en verdad a base de repeticiones, en el que el conocimiento es desplazado por la opinión, y en el que la ignorancia se vuelve una herramienta de manipulación política. La educación, en su esencia, no solo debe proveer información técnica o memorística, sino formar ciudadanos con capacidad de análisis, discernimiento y razón. Sin estos elementos, la sociedad queda expuesta a los caprichos de los demagogos.

La ignorancia es el mejor combustible del populismo. Cuando una población no tiene acceso a una educación de calidad, es más susceptible a discursos simplistas que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. El populismo, tanto de izquierda como de derecha, se alimenta de la desesperación y de la falta de herramientas críticas en la ciudadanía. En este contexto, los datos objetivos, los análisis profundos y el debate informado quedan relegados ante la emotividad y la polarización.

Aún más grave es que la ignorancia se convierta en el "caballo de Troya" de la democracia, al introduciese silenciosamente en la sociedad, debilitando sus bases hasta que, llegado el momento, permite la irrupción de regímenes autoritarios o incompetentes. Sin una población educada que exija transparencia, rendición de cuentas y un gobierno eficiente, las instituciones democráticas se erosionan poco a poco, hasta volverse inútiles cascarones vacíos.

Invertir en educación de calidad no solo es un compromiso moral, sino una estrategia de supervivencia para las democracias. Es imprescindible garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a una formación integral, que fomente la reflexión y la responsabilidad ciudadana. La batalla por el conocimiento es, en esencia, la batalla por la libertad y el futuro de nuestras sociedades.

Holocausto a la mexicana

José Luis Elizondo T.

Creí que las terribles imágenes que nos estremecieron durante la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto perpetrado por el ejército nazi para exterminar a los judíos, no las volvería a ver. Aquella guerra dejó decenas de millones de muertos, entre ellos cerca de seis millones de judíos, y marcó indeleblemente a la humanidad al mostrar la capacidad de destrucción y muerte de quienes, desprovistos de la más mínima humanidad, se asemejan más a bestias irracionales.

Cada año, el pueblo judío recuerda las atrocidades cometidas en los campos de exterminio, donde sus antepasados murieron de manera horrenda. Nombres como Auschwitz, Treblinka, Belzec y otros más, son sinónimos de muerte y exterminio masivo. Este recuerdo tiene un propósito claro: evitar que la humanidad repita semejantes crímenes.

Sin embargo, en México, las bandas criminales no solo han copiado ese modelo, sino que lo han "perfeccionado".

Recientemente, los colectivos de búsqueda de personas, que operan sin el mínimo apoyo gubernamental, han hecho descubrimientos macabros en varios estados del país.

En Teuchitlán, Jalisco, cientos de zapatos y prendas de vestir pertenecientes a jóvenes desaparecidos fueron hallados. Cerca de allí, se encontraron calaveras, huesos y cuerpos mutilados de jóvenes que, tras ser reclutados, fueron asesinados por negarse a participar en las operaciones criminales.

Posteriormente, en Tamaulipas, se localizaron 14 montículos en una superficie de 60 metros cuadrados, con restos óseos humanos calcinados, esparcidos en un diámetro aproximado de 70 centímetros cada uno. Y, hace algunas horas, en el estado de Guerrero, se descubrió un nuevo campo de reclutamiento y exterminio.

Huesos calcinados, zapatos, bolsos, ropa y cartas de despedida son el rostro de un nuevo y terrible "holocausto" al estilo mexicano, que se vive actualmente en varias regiones del país. Al igual que ocurrió con los judíos, estas atrocidades dejan recuerdos de terror en cientos de familias que, como fantasmas, deambulan sin apoyo oficial en la búsqueda de un hijo, un hermano o un ser querido que tuvo la desgracia de caer en manos de las bandas del narcotráfico. No es casualidad que el presidente Trump haya declarado a estos grupos como terroristas.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal, desde 1952 hasta el 12 de marzo de 2025, se reportan en México 123,927 personas desaparecidas y no localizadas. Jalisco encabeza esta trágica lista, con más de 15,000 desaparecidos.

Estos hechos son un recordatorio sombrío de que, aunque el holocausto nazi quedó en el pasado, la capacidad humana para la crueldad y la barbarie sigue presente, ahora bajo nuevas formas y en diferentes contextos.

Aranceles, si o si.

José Luis Elizondo Treviño

7-marzo--No importó que nuestro país haya enviado 10 mil soldados a la frontera. Tampoco importó el envío de 29 capos de la droga a celdas norteamericanas, muchos de ellos con amparos vigentes para evitar la extradición.

No importó que la presidenta Sheinbaum tratara con pinzas diplomáticas al presidente Trump, ni las reuniones de alto nivel que sostuvieron en diversas ocasiones los funcionarios mexicanos y norteamericanos.

El día 4 de marzo, Trump aplicó los aranceles, como lo había anunciado, del 25 por ciento a todos los productos nacionales que se exporten a Estados Unidos.

Este arancel ya afectó las bolsas de valores y, desde luego, la paridad peso-dólar, encareciendo el billete verde. Lo que sigue es una espiral inflacionaria y un repunte de las tasas de interés, pero esto sucederá en ambas partes de la frontera.

Las dos economías sufrirán, sin duda; solo que la norteamericana es más sólida que la mexicana y se adaptará más rápido a las nuevas condiciones del mercado.

La respuesta de México debe ser similar: imponer aranceles a las importaciones de Estados Unidos en la misma proporción. Pero, además, debería iniciar una política de acercamiento comercial con Canadá para sustituir, en la medida de lo posible, las mercancías estadounidenses y exportar hacia allá nuestros productos.

Si bien la economía de Canadá no es como la norteamericana, ambos países pueden sentar las bases de un eventual crecimiento en sus mercados, además de fortalecer los intercambios comerciales con Europa.

La imposición de aranceles va a generar incertidumbre para los inversionistas extranjeros, que podrían reconsiderar invertir en nuestro país en sectores importantes para la actividad económica, como la industria automotriz, la tecnología y la manufactura avanzada. Ante las nuevas condiciones, podrían decidir trasladar sus operaciones a países con menores costos arancelarios.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen de insumos importados, verán afectada su rentabilidad y su capacidad de competir, aunque en algunos casos los aranceles pueden incentivar el crecimiento de la industria nacional, al hacer más competitivo el producto local frente al importado.

El presidente norteamericano ha demostrado que, más que un negociador, es un tipo que busca a toda costa imponer su voluntad, independientemente de lo que ofrezcan sus contrapartes.

Con apenas unas cuantas semanas en el poder, Trump ha desestabilizado el mundo, teniendo a México como vecino y villano favorito, por el tema migratorio y el tráfico de drogas. Nos esperan cuatro años de incertidumbre total. ¿Tendrá la presidenta Sheinbaum el coraje, valor y paciencia para afrontar esta difícil etapa que nos espera?

Europa en crisis

José Luis Elizondo T.

El sorpresivo viraje de la política internacional de Washington puede ser el preludio de una crisis en Europa, y el anuncio de un conflicto de grandes dimensiones. Al abandonar su liderazgo en el continente,Washington ha desencadenado una serie de eventos que podrían tener consecuencias devastadoras al retirarse de la OTAN y alinearse con los designios de Moscú.

La propuesta de Estados Unidos de un cese al fuego en Ucrania, pero sin garantías de seguridad, reparación de daños ni la retirada de las tropas rusas de los territorios invadidos, representa una afrenta a Europa y un triunfo para la política expansionista de Vladimir Putin. Esta medida no solo debilita la posición ucraniana, sino que también envía un mensaje peligroso al Kremlin, que sus acciones militares no tendrán consecuencias significativas.

Donald Trump, por su parte, ha calificado de "dictador" al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, lo ha acusado de ser quien inició la guerra y ha exigido su renuncia. Además, ha planteado una exigencia sin precedentes, solicitando, a cambio del apoyo económico y militar que Ucrania ha recibido de Estados Unidos, Trump ha solicitado el 50por ciento del valor de los recursos naturales del país, incluyendo minerales, petróleo, gas y las denominadas "tierras raras", elementos químicos esenciales para industrias clave, como la militar. Esta demanda no solo es moralmente cuestionable, sino que también refleja una explotación descarada de un país en plena crisis.

La reciente reunión entre el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la ciudad árabe de Riad, ha sido interpretada por los analistas como una clara señal del sombrío futuro que aguarda a Ucrania. Lo más preocupante es que Ucrania ni siquiera fue incluida en estas negociaciones de paz, lo que subraya la marginación de sus intereses en un proceso que debería centrarse en su soberanía y seguridad.

Europa se encuentra en una encrucijada. Necesita con urgencia un líder fuerte que contenga las ambiciones expansionistas del Kremlin y que defienda a Ucrania del saqueo que tanto Trump como Putin parecen estar planeando, uno, apoderándose de los recursos naturales no renovables, y el otro, ocupando el 20 por ciento del territorio ucraniano. Sin una figura que encabece la defensa de los intereses europeos, el continente se arriesga a quedar a merced de las potencias que buscan redefinir el orden global a su favor.

El mundo observa con expectación lo que sucederá en los próximos meses. Si no se detiene esta escalada de acciones agresivas, se estará enviando un mensaje peligroso, que está permitido tomar por la fuerza lo que se desee. Moscú podría continuar su expansión hacia territorios que antes formaban parte de la extinta URSS, mientras que Washington ya ha mostrado interés en Groenlandia y el Canal de Panamá. Este escenario no solo amenaza la estabilidad de Europa, sino que también podría ser el germen de una nueva conflagración mundial.

Europa está sumida en una crisis de liderazgo. Si Washington le da la espalda, las consecuencias de una nueva invasión rusa a otro país vecino podrían ser catastróficas. Es urgente que el continente encuentre una voz firme y unificada que defienda sus intereses y prevenga un nuevo conflicto de proporciones globales.

Narcoterrorismo en México

José Luis Elizondo Treviño

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que declara como organizaciones terroristas a seis cárteles de la droga mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y la organización criminal Cárteles Unidos. Esta medida busca combatir la violencia y el narcotráfico que afectan tanto a México como a Estados Unidos, y refleja la creciente preocupación por el poder y el dominio y control de amplios territorios en el país, por parte de estos grupos criminales.

Con esta designación, el gobierno estadounidense adquiere facultades legales para emprender acciones militares en el extranjero contra estos cárteles. Aunque una intervención directa requeriría la autorización del Congreso de Estados Unidos, el uso de drones y operaciones encubiertas no está sujeto a las mismas restricciones. Esto plantea un escenario complejo para México, que podría ver comprometida su soberanía si no se toman medidas contundentes para enfrentar a estos grupos.

¿Son terroristas los cárteles mexicanos? La respuesta parece afirmativa si analizamos sus métodos. Los campos minados en Michoacán, los enfrentamientos armados en Sinaloa que han obligado a comunidades enteras a abandonar escuelas y trabajos, además, las familias han optado por resguardarse en sus casas desde las cinco o seis de la tarde, o la exhibición de la cabeza decapitada de un alcalde electo en Guerrero, son acciones que infunden terror en la población. Estas tácticas no solo buscan controlar territorios, sino también desestabilizar a las instituciones y sembrar el miedo como herramienta de control y dominación.

Ahora bien, los cárteles mexicanos no son simples organizaciones criminales; son estructuras altamente sofisticadas y bien armadas. Gran parte de su arsenal proviene de Estados Unidos, donde el tráfico de armas hacia México es un problema persistente. A cambio, los cárteles envían cargamentos de drogas que alimentan la crisis de adicciones en el país vecino. Este intercambio perverso ha permitido a los cárteles acumular un poderío militar que rivaliza con el de muchos ejércitos.

Además, estos grupos tienen presencia en varios países de América Latina e incluso operan en ciudades estadounidenses. Su capacidad para adaptarse y su acceso a tecnología avanzada los convierte en un enemigo formidable. No sería sorprendente que contaran con los medios para neutralizar los drones.

Ante esta situación, la colaboración entre México y Estados Unidos es indispensable. Las fuerzas armadas mexicanas, bajo el liderazgo de la Dra. Claudia Sheinbaum, tendrán que trabajar en estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses para combatir el narcotráfico y el terrorismo que estos cárteles representan. Sin embargo, esta colaboración debe ser cuidadosamente gestionada para evitar que se perciba como una injerencia que atente contra la soberanía nacional.

México enfrenta un dilema. Si no actúa con firmeza, podría ser acusado de complicidad con los cárteles; pero si permite una intervención extranjera, podría verse vulnerado su derecho a la autodeterminación. Por eso es importante fortalecer las instituciones de seguridad locales, mejorar la inteligencia y la cooperación internacional, y atacar las raíces socioeconómicas que alimentan el narcotráfico.

El narcoterrorismo en México es una amenaza que trasciende fronteras y requiere soluciones integrales. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos es un llamado de atención urgente.

México debe actuar con determinación para evitar que esta crisis se convierta en un conflicto de mayores proporciones. La colaboración internacional es necesaria, pero siempre respetando la soberanía nacional y los intereses de los mexicanos.

Hacia un nuevo orden mundial

José Luis Elizondo Treviño

La llegada de un líder temperamental y pragmático a la presidencia de Estados Unidos marca el inicio de una profunda transformación en la geopolítica y la economía global. Su visión, orientada a la defensa de los intereses estadounidenses sin concesiones, está redefiniendo las alianzas internacionales y los equilibrios de poder en el mundo.

Uno de los primeros gestos simbólicos de esta administración ha sido decretar un cambio en el nombre del Golfo de México, pero sus ambiciones van mucho más allá. Ha manifestado su intención de adquirir Groenlandia y ha sugerido la posibilidad de incorporar a Canadá como un estado más de la Unión Americana. Llama la atención la aparente indiferencia del Palacio de Buckingham ante esta declaración, a pesar de que Canadá es un miembro clave de la Commonwealth y ha sido un dominio británico desde 1867.

Sin embargo, las decisiones de mayor impacto podrían afectardirectamente la estabilidad global. El presidente Trump ha anunciado un polémico plan para reubicar a la población palestina de la Franja de Gaza en Jordania y Egipto, una medida que, según algunas fuentes, ya ha sido aceptada por estos países bajo términos impuestos por Washington. Esta estrategia, lejos de resolver el conflicto, podría generar nuevas tensiones en Medio Oriente y reconfigurar, otra vez, el mapa político de la región.

Por otro lado, la guerra en Ucrania parece haber entrado en su fase final no por una victoria militar clara, sino por un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Con el pretexto del agotamiento de la sociedad ucraniana y el desgaste político de Volodímir Zelensky, Trump ha decidido retirar el apoyo que la administración de Joe Bidenhabía proporcionado a Kiev. Este giro deja a Ucrania en una posición de extrema vulnerabilidad, permitiendo a Rusia consolidar su dominio sobre los territorios ocupados y cerrando prácticamente la puerta a una posible adhesión ucraniana a la OTAN. Para los ucranianos, este desenlace podría significar una amarga derrota, con el riesgo de que, en el futuro, resurjan conflictos aún más violentos.

Pero la política exterior de Trump no se limita a Europa del Este y Medio Oriente. Su administración ha intensificado la guerra comercial con China, ha reducido el respaldo a la OTAN y ha impuesto nuevos aranceles a productos importados, buscando reforzar la economía interna a expensas del comercio global. Además, ha reiterado su postura de alejarse de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, evidenciando un repliegue de Estados Unidos del multilateralismo.

Estamos ante una transformación del orden mundial. Mientras algunos ven en estas acciones un intento por devolver a Estados Unidos su hegemonía absoluta, otros advierten que podrían desatar una era de mayor inestabilidad y conflictos impredecibles. El tiempo dirá si este nuevo esquema traerá paz y seguridad en el planeta o si, por el contrario, será el preludio de nuevas crisis globales.

La República Bajo Amenaza

José Luis Elizondo Treviño

Desde que México se consolidó como una nación independiente, el sistema republicano que nos rige ha enfrentado constantes amenazas a lo largo de sus más de 200 años de historia. Estas amenazas han tomado diversas formas, desde golpes de Estado hasta intervenciones extranjeras, como la invasión del ejército estadounidense en el siglo XIX, que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

Recientemente, hemos sido testigos de una nueva amenaza, esta vez desde el propio Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum decidió excluir a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de la ceremonia oficial conmemorativa del 108 aniversario de la Constitución Política de México de 1917. El argumento esgrimido fue que la Ministra había faltado al respeto a los otros dos poderes. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria: ha sido el Legislativo y el Ejecutivo quienes han incurrido en una grosera e inconstitucional injerencia en los asuntos internos del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal constitucional de México. Su función primordial es garantizar que las leyes y los actos de autoridad se ajusten a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Es la institución encargada de salvaguardar la Carta Magna, asegurar la separación de poderes, preservar el principio democrático y proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.

El Poder Judicial Federal tiene sus raíces en la promulgación de la Constitución de 1824. Toda república que se precie de serlo debe sustentarse en principios fundamentales como el respeto a la división de poderes, la soberanía popular, el Estado de derecho y la celebración de elecciones periódicas.

Excluir a uno de los poderes de la República no es propio de un gobierno que se autodenomine democrático y republicano. Por ello, resulta preocupante que la Ministra Presidenta Norma Piña, en su calidad de titular del Poder Judicial Federal, no fuera invitada a una ceremonia de tal relevancia. Es precisamente al Poder Judicial a quien corresponde velar por el cumplimiento del texto constitucional y del marco jurídico en general.

En un momento en que el país enfrenta el asedio de políticas comerciales por parte del gobierno estadounidense, la presidenta ha hecho un llamado a la unidad de todos los mexicanos. Este llamado no debe ser menospreciado, pero es imperativo que la unidad comience por los tres poderes de la Unión. Aunque han surgido diferencias, particularmente por el polémico proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros, es fundamental procurar el fortalecimiento de la República y el respeto mutuo entre los poderes.

Si así se trata a un poder que defiende, en la medida de lo posible, su integridad para evitar su degradación, ¿qué podemos esperar para los nuevos ministros, carentes de experiencia y posiblemente comprometidos con intereses partidistas?

Proteccionismo vs Libre Comercio: ¿Un Retroceso o una Oportunidad?

José Luis Elizondo Treviño

31 enero

Las medidas arancelarias promovidas por el presidente Trump marcarán un punto de inflexión en la política comercial global. Su intención de imponer aranceles a las importaciones en Estados Unidos representa un cambio de paradigma, alejándose del libre comercio hacia un modelo proteccionista. Este giro podría desencadenar una respuesta en cadena, donde otras economías adopten medidas similares, generando un ciclo regresivo de restricciones comerciales y represalias arancelarias.

El proteccionismo ha sido históricamente una herramienta para fortalecer industrias nacionales, reducir la dependencia de importaciones estratégicas y proteger el empleo local. En el pasado, México y otros países aplicaron modelos de sustitución de importaciones con la intención de desarrollar cadenas productivas internas y garantizar autosuficiencia en sectores clave.

No obstante, esta estrategia tiene costos significativos. Al restringir la competencia externa, los precios de bienes y servicios tienden a aumentar, afectando a los consumidores. Además, las represalias comerciales de otros países pueden reducir las exportaciones nacionales. La historia ha demostrado que un mercado cerrado fomenta la ineficiencia, la corrupción y la falta de innovación, además de incentivar el contrabando y los mercados informales.

En contraste, el libre comercio ha sido el motor del crecimiento económico global en las últimas décadas. La apertura de mercados ha permitido reducir costos, diversificar productos y fomentar la innovación. Países como China, México y Vietnam han aprovechado esta dinámica para integrarse en cadenas de suministro globales y atraer inversiones.

Sin embargo, este modelo también tiene sus desventajas. La competencia internacional ha provocado la desaparición de industrias locales incapaces de competir con grandes transnacionales. La desregulación en algunos sectores ha facilitado la explotación laboral y la sobreexplotación de recursos naturales. Además, la riqueza generada por el comercio global no siempre se distribuye de manera equitativa, ampliando las brechas de desigualdad tanto entre países como dentro de ellos.

Más que una dicotomía entre proteccionismo y libre comercio, el desafío actual es encontrar un equilibrio que combine lo mejor de ambos sistemas. La clave no está en cerrar mercados, sino en regularlos con políticas que fomenten la equidad sin frenar la competitividad.

Para lograrlo, es fundamental diseñar estrategias que protejan a los sectores vulnerables sin distorsionar la economía. Esto implica establecer políticas industriales inteligentes, promover salarios dignos, garantizar estándares ambientales y aplicar regulaciones fiscales que distribuyan mejor los beneficios del comercio global.

Las políticas arancelarias del gobierno norteamericano son una señal de que el comercio global no es inmune a los cambios políticos y económicos. Sin embargo, el camino no es volver a un mundo de fronteras cerradas, sino construir un sistema comercial más justo y sostenible.

La globalización ha demostrado su capacidad de generar riqueza, pero su éxito a largo plazo dependerá de cómo los gobiernos equilibren los beneficios económicos con la justicia social y la estabilidad global. El debate entre proteccionismo y libre comercio no debe centrarse en cuál es mejor, sino en cómo pueden coexistir para construir una economía más equitativa y resiliente. Este es el verdadero reto.

Trump 2.0 Reloaded

José Luis Elizondo Treviño

Si el título de esta colaboración fuera el de una película, seguramente sería una de terror, porque el Trump de esa segunda era viene más agresivo, resentido y se siente agraviado. No busca quién se la hizo, sino quién se la pagará.

Como chivo en cristalería, el Presidente número 47 de la Unión Americana se ha lanzado contra la población migrante, se ha pronunciado en favor de imponer aranceles a los productos que entran al mercado norteamericano, y sus arengas atentan hasta contra la geografía, cambiando el nombre del Golfo de México, por el de Golfo de América, amenazando con recuperar el Canal de Panamá y la isla de Groenlandia, que es posesión danesa.

La diferencia del Trump de 2017 al de 2025 es determinante, porque ahora tiene el control de ambas cámaras legislativas y de la mayor parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; el Trump 2.0 es más poderoso, pendenciero y, además, estará deseoso de mostrar al mundo su enorme poder.

Su alianza con los poderosos empresarios norteamericanos y su apuesta por las tecnologías, como la inteligencia artificial, así como su desdén por el cambio climático y los objetivos de Desarrollo Sostenible, marcarán el destino del mundo en las siguientes décadas.

Pocos anticiparon que la narrativa de Trump, impulsada desde su campaña, penetraría profundamente en la sociedad estadounidense, especialmente en los temas relacionados con nuestro país. Cuestiones como el fentanilo, la declaración de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y la deportación masiva de personas en situación ilegal en Estados Unidos son sólo el inicio. Además, está por verse si adelanta la revisión del T-MEC.

Lo cierto es que es un error asumir que estamos frente a una simple repetición de la administración anterior de Trump. Las medidas no son las mismas, pero, más importante aún, tampoco lo son el contexto ni la convicción y el respaldo con los que Trump cuenta para implementarlas.

El gobierno de México ya debería estar trabajando en las posibles respuestas, en lugar de esperar a que sucedan las cosas; es decir, en lugar de reaccionar a cualquier eventualidad, es mejor planear, previo análisis de expertos, las medidas que se tomarán en cada caso.

El Factor Trump

José Luis Elizondo T

16-ene

El próximo lunes 20 de enero, los estadounidenses tendrán, en la persona de Donald Trump, a su 47.º presidente. Trump regresa a la Casa Blanca tras ganar las elecciones presidenciales, luego de haber perdido en 2021 cuando buscó la reelección de su primer mandato.

Es previsible que en este segundo periodo continúe fomentando la polarización, no solo dentro de Estados Unidos, sino también en sus relaciones con otros jefes de Estado en el mundo. Su estilo confrontativo ha sido evidente en las tres campañas presidenciales en las que ha participado.

Como presidente, Trump podría ser determinante en el retroceso de políticas para combatir el cambio climático, lo que tendría serias consecuencias para el medio ambiente global.

En cuanto a la inmigración, si cumple sus promesas de endurecer las políticas contra la migración ilegal, se generará un problema no solo para las miles de personas que intentan cruzar a suelo estadounidense, sino también para México. Los estados fronterizos enfrentarían un aumento en la llegada de migrantes deportados, incrementando el riesgo de una crisis humanitaria.

Además, la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, de concretarse, impactaría negativamente el crecimiento económico de nuestro país al reducir las exportaciones hacia Estados Unidos. Si a esto se suma la posible exigencia de que las maquiladoras estadounidenses que operan en México regresen a su territorio, la tasa de desempleo podría dispararse de inmediato.

La inevitable revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representará un desafío para México, especialmente considerando el posible cambio de primer ministro en Canadá hacia un liderazgo conservador, actualmente favorito en las encuestas.

En materia de seguridad, se anticipan tensiones con el gobierno mexicano debido a los escasos resultados en el combate al narcotráfico y las amplias zonas controladas por grupos criminales. Si Trump decide clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, podría abrir la puerta a incursiones militares estadounidenses en territorio mexicano.

En el ámbito internacional, su cercanía con Vladimir Putin podría facilitar la suspensión de hostilidades en Ucrania. Sin embargo, este escenario probablemente implicaría que Rusia mantenga los territorios ocupados desde el inicio del conflicto, estableciendo un nuevo orden mundial en el que Rusia, China y Estados Unidos se dividan esferas de influencia, relegando a Europa a un papel marginal en el poder global.

Los desafíos que traerá esta nueva era de Trump pronto comenzarán a hacerse sentir.

Tiempos tormentosos

José Luis Elizondo T.

10-ene-

Iniciamos el 2025 con presagios de tiempos tormentosos para el mundo. La era de la globalización y del incremento del comercio global están en riesgo ante el escenario de que políticos nacionalistas y proteccionistas están llegando al poder en diversos países del mundo, quienes, en su búsqueda de un supuesto mejor futuro para la economía doméstica, están cerrando sus fronteras al comercio, -a través de la imposición de aranceles- y combaten la migración.

El inminente regreso de Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos y la inesperada renuncia del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, sumados al repunte enlas encuestas del Partido Conservador en ese país, será determinante para el futuro del T-MEC.

Trudeau pertenece a una generación de líderes políticos con tendencias liberales o progresistas que actualmente se encuentran en retroceso en distintas regiones del mundo, ante el avance de liderazgos conservadores, nacionalistas, proteccionistas e incluso,demagógicos.

La posibilidad de imponer políticas proteccionistas en ambos socios comerciales de México, así como las tensiones que sostienen China y Rusia contra las economías de occidentes, pronostican una desaceleración del comercio internacional, lo que además de impactar de forma negativa a los mercados emergentes, ya que la imposición de aranceles encarecerá los productos y reducirá la competitividad de los mercados globales.

Otro efecto negativo de las prácticas proteccionistas y las políticas nacionalistas tienen que ver con el aumento de tensiones entre países. Estas disputas comerciales por el control de mercados, como es el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, podrían derivar en tensiones militares en regiones estratégicas, como Medio Oriente, o agravar el conflicto entre Rusia y los países de la OTAN en sus fronteras.

En el ámbito migratorio, las oleadas de migrantes hacia Estados Unidos podrían quedar varadas en Méxicio; si a este escenariosumamos las deportaciones masivas que el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado, ocasionarían una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país, y detonarían violaciones persistentes a los derechos humanos en los centros de detención migratoria.

Estas condiciones podrían ser el gérmen de un nuevo orden mundial, donde las políticas públicas globales sean remplazadas por un exacervado nacionalismo y un enfrentamiento entre naciones, dejando atrás la cooperación multilateral.

Esperemos que este 2025, a pesar de los desafíos señalados, la humanidad fortalezca las relaciones internacionales para combatir problemas comunes como el cambio climático entre otros. También confiemos que las nuevas generaciones logren superar el aislamiento y la fragmentaciíon que amenazan al mundo.

Apoyemos, como ciudadanos, la formulación de políticas inclusivas, la solidaridad internacional y el sano equilibrio entre los intereses domésticos y la responsabiliodad global.

Hacia un nuevo modelo económico

José Luis Elizondo Treviño

15-dic

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que como sabemos es la economía más grande del planeta, podría marcar el inicio de un viraje en el modelo económico que gradualmente se implantará, dejando atrás el neoliberalismo a ultranza para transitar hacia modelos más proteccionistas.

Las tensiones políticas entre Estados Unidos y China, una de las economías más consolidadas en las últimas décadas, así como la creciente concentración económica y la desigualdad en la distribución de la riqueza en gran parte del mundo, han llevado a algunos gobernantes a proponer esquemas que incentiven el consumo interno. Esto incluye la aplicación de aranceles a las importaciones para proteger la industria nacional, lo que implica la implantación y el desarrollo de un modelo económico híbrido, donde el comercio global se mantenga, pero no a costa de la desaparición de las industrias locales. Este enfoque apuesta por políticas más proteccionistas del mercado interno.

El neoliberalismo, entendido como un modelo económico basado en la liberalización de los mercados, la reducción del papel del Estado en la economía y la promoción del comercio y la inversión globales, ha generado tanto beneficios como desafíos. Uno de los aspectos más debatidos es su impacto en las desigualdades económicas. Los defensores del neoliberalismo argumentan que, para distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Sin embargo, los datos del Banco Mundial sobre la generación de riqueza muestran un incremento significativo en el Producto Interno Bruto Mundial (PIB), el cual, en 1990, fue de aproximadamente 22 billones de dólares a precios actuales, mientras que para 2024 se estima que alcanzará cerca de 108 billones de dólares. Este crecimiento ha sido impulsado por el desarrollo económico global, especialmente en economías emergentes y en mejoras tecnológicas y de servicios.

No obstante, aunque la riqueza mundial casi se ha cuadruplicado en ese periodo, la reducción de la pobreza extrema no ha seguido el mismo ritmo. En 1990, aproximadamente 1,900 millones de personas vivían en pobreza extrema; tras la pandemia de COVID-19, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que 1,100 millones de personas siguen en esta condición, concentradas principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Mientras que la riqueza se cuadruplicó, la pobreza extrema solo se redujo en un 42%.

Los gobiernos deberán encontrar un equilibrio entre la creación de riqueza y su distribución entre los segmentos más vulnerables de la población. En este sentido, los apoyos económicos directos para los grupos de población vulnerables pueden ser una solución temporal, pero no los apoyos universales. Una mejor alternativa sería fomentar la creación de fuentes de empleo sustentables y respetuosas con el medio ambiente, es decir, que no generen emisiones de carbono, permitiendo así a más personas salir de la pobreza.

El resultado podría ser un sistema híbrido que combine principios de mercado con un mayor grado de intervención estatal y proteccionismo, reflejando un equilibrio entre la integración global y la autonomía nacional. Este enfoque podría ofrecer una vía sostenible para abordar las desigualdades y construir economías más resilientes, amigables con el medio ambiente y con una mejor distribución para que pueda erradicar la pobreza extrema.

Virajes de la democracia

Por José Luis Elizondo T.

9-dic

La democracia moderna, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos, ha pasado por etapas de consolidación y retroceso a lo largo de la historia.

Durante décadas, el número de países con sistemas democráticos en el mundo no superaba los 40. Sin embargo, en 1974 comenzó la tercera ola de democratización con la Revolución de los Claveles en Portugal, movimiento que derrocó la dictadura autoritaria liderada por António de Oliveira Salazar y su sucesor, Marcelo Caetano.

Este evento marcó el inicio de la transición democrática en Portugal e inspiró a ciudadanos de otros países a continuar con esta ola democratizadora. Ejemplos notables incluyen a España, tras la muerte del dictador Francisco Franco; Grecia, con la caída del régimen de los "Coroneles"; varios países de Europa del Este, como Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Rumanía, junto con la pacífica Revolución de Terciopeloen Checoslovaquia. La disolución de la Unión Soviética y la independencia de los países bálticos, la tercera ola terminó finalmente, con la independencia de Timor Oriental.

En 2010, otra ola democratizadora sacudió al mundo con la Primavera Árabe, impulsada principalmente por las redes sociales y una juventud deseosa de cambios. Países como Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria y Baréin experimentaron protestas y transformaciones en sus sistemas de gobierno.

De acuerdo con el Índice de Democracia Global 2023, de los 167 países analizados, Solo 24 países (8% de la población mundial) son democracias plenas. 50 países son democracias defectuosas, entre ellos Estados Unidos, mientras que los 93 países restantes se dividen entre regímenes híbridos y autoritarios. México se clasifica como una democracia híbrida.

El informe también concluye que en 2023 disminuyó el número de democracias, mientras varios países, como Venezuela y Nicaragua, regresaron a prácticas autoritarias.

En México, hemos transitado de una democracia con partido hegemónico, dominado por el PRI, hacia una democracia plural. No obstante, hemos vuelto al dominio de un partido hegemónico, esta vez representado por Morena.

El principal enemigo de las democracias son los propios ciudadanos, quienes, influenciados por la desinformación en redes sociales, la persistente desigualdad económica y la corrupción, terminan apoyando gobiernos autoritarios que implementan políticas clientelares similares a las de las décadas de 1960 y 1970 en nuestro país, que creíamos haber superado.

Construir una democracia es un proceso largo y complicado, pero destruirla puede ser alarmantemente fácil. Por ello, como ciudadanos, tenemos el deber ineludible de protegerla y consolidarla.

La desaparición de los órganos autónomos

... y el ocaso de los contrapesos democráticos

José Luis Elizondo T.

La reciente aprobación en el Senado de la desaparición de la mayoría de los órganos constitucionalmente autónomos representa un grave retroceso para la democracia mexicana. Con esta medida, se debilitan los contrapesos que históricamente han equilibrado el poder en el gobierno federal, marcando un punto crítico en el proceso de centralización y autoritarismo.

Desde hace tiempo, el Congreso de la Unión ha dejado de ser un contrapeso efectivo al Ejecutivo. Esta dinámica se consolidó cuando las autoridades electorales permitieron la sobrerrepresentación artificial de Morena en la Cámara de Diputados, garantizando así la mayoría calificada. En el Senado, las presiones políticas y las amenazas, respaldadas con presuntas carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, lograron el mismo objetivo.

Esta sumisión legislativa fue clave para aprobar reformas que minaron la independencia de los poderes. Entre ellas, destaca la que debilitó al Poder Judicial, el cual en diferentes ocasiones emitió fallos que declararon inconstitucionales algunas reformas promovidas desde Palacio Nacional. Por eso, esta medida legislativa parece más un acto de revancha que de justicia, con el claro propósito de someter a una de las últimas instituciones independientes.

Ahora, la desaparición de órganos clave como el INAI, el IFT, la CRE, la CNH, el CONEVAL y MEJORAEDU, entre otros, profundiza el debilitamiento institucional. Estos organismos no solo garantizaban transparencia, eficiencia y neutralidad en áreas estratégicas, sino que representaban la voz de sectores diversos en la toma de decisiones gubernamentales.

Al eliminarlos, se consolida un régimen donde las opiniones contrarias al oficialismo son descartadas, y se erosiona la confianza ciudadana en el Estado. Este movimiento no solo representa una pérdida para la democracia mexicana, sino también un golpe a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La gobernabilidad actual enfrenta una paradoja inédita en los tiempos modernos; dos figuras ejercen simultáneamente el poder ejecutivo. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, legítimamente electa. Por otro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien continúa ejerciendo una influencia determinante sobre las decisiones legislativas.

El control que López Obrador mantiene sobre los líderes parlamentarios de Morena subordina la gestión de la actual mandataria, generando un ambiente de incertidumbre política. Esta dualidad de poder amenaza con desestabilizar la gobernabilidad democrática y consolidar un modelo político donde las decisiones se toman desde fuera del ámbito constitucional.

Es momento de que los líderes de Morena en el Congreso reflexionen sobre su papel histórico. No se puede seguir alimentando un culto a la personalidad, especialmente cuando las decisiones adoptadas afectan la democracia y la economía nacional. La centralización del poder y la hostilidad hacia sectores productivos y generadores de empleo son estrategias que, lejos de beneficiar al país, profundizan las desigualdades y frenan el crecimiento económico.

México no puede permitirse un “presidente en la sombra”. López Obrador debe ceder completamente el control a la presidenta en funciones y reconocer el término de su mandato. Continuar gobernando desde su rancho no solo desacredita a su sucesora, sino que compromete el futuro democrático del país.

La desaparición de los órganos autónomos y el sometimiento del Congreso al ex presidente son síntomas de un sistema político que retrocede hacia el autoritarismo. Si queremos preservar la democracia y fortalecer nuestras instituciones, es fundamental reconocer la legitimidad de la actual presidenta y construir un gobierno basado en la independencia de los poderes, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.

Como nación, debemos optar por el camino de la democracia, rechazando cualquier intento de perpetuar liderazgos personales que solo nos alejan del progreso y la estabilidad.

La nueva era Trump y la soberanía de México

José Luis Elizondo T.

15-nov

Los norteamericanos eligieron a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos durante el próximo cuatrienio. Más allá de las críticas al sistema electoral que le permitió al candidato republicano alzarse con la victoria, lo la relación bilateral entre México y el poderoso socio comercial del norte se perfila como un escenario de conformtación entre dos estilos de populismos, el de derecha, representado por Trump, y el de izquierda, instaurado por López Obrador y continuado por su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Desde luego, será una lucha desigual. Por una parte la de la primer economía mundial; por el otro, un México debilitado económicamente, que carga con una deuda pública que ha alcanzado niveles alarmantes, a pesar de la “austeridad republicana” con más de 6.6 billones de dólares, lo que representa ya un alarmante 51.2 por ciento del PIB nacional.

Otra diferencia es la forma de negociar. Trump, conocido por su enfoque beligerante, negocia con amenazas, como la imposición de aranceles, o inclusive la intervención contra los cárteles que trafican con fentanilo. A esto se suma su conocido carácter misógino, que podría ser un ingrediente adicional en su trato personal con la presidenta mexicana.

Una señal de las tensiones que se avecinan se desprenden de las recientes declaraciones del Embajador Kent Salazar, quien afirmó que López Obrador ignoró reiteradamente las solicitudes del presidente Biden en materia de seguridad, calificando la política de “abrazos, no balazos” como un fracaso que dejó un saldo histórico de homicidios dolosos en el país. Con ello no solo se debilitó la cooperación bilateral, sino que también distanció a México de su principal socio comercial.

En contraste, López Obrador buscó alianzas con regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos beneficios para México han sido cuestionados.

En un mundo donde las economías está estrechamente interconectadas, la soberanía no se limita al control fronterizo, en especial si es nuestra frontera norte, una de las más activas del mundo en el intercambio de mercancías y tránsito de personas.

Insistir en una narrativa obsoleta y trasnochada de soberanía que rechaza cualquier colaboración externa, puede llevarnos a repetir errores del pasado. No se trata de permitir injerencias, sino de aprovechar las oportunidades que ofrece una relación bilateral fuerte y justa. Ignorar este contexto para buscar alianzas con países en crisis económica y social es una apuesta peligrosa; solo hay que ver cómo les va a los cubanos, nicaragüenses o venezolanos.

Distanciarnos de la primera economía del mundo sería un grave error. Es imperativo que la presidenta Sheinbaum evite replicar el guion trazado por su antecesor desde Palenque o, peor aún, por líderes de otras latitudes con agendas contrarias a nuestros intereses.

Es alentador que la presidenta haya confirmado su asistencia a la Cumbre de Líderes del G20 en Río de Janeiro,un espacio que su predecesor desairó en repetidas ocasiones. Este gesto puede marcar un cambio hacia una política exterior más abierta y exitosa.

México está ante una encrucijada histórica. La relación con Estados Unidos, liderado nuevamente por Trump, será un desafío monumental que requerirá inteligencia, estrategia y, sobre todo, unidad nacional. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en nuestra política exterior, dejando atrás las posturas polarizantes de su antecesor para construir un puente sólido con nuestros socios del norte.

El camino no será fácil, pero si la presidenta apuesta por una diplomacia firme, inteligente y pragmática, México podrá avanzar hacia una relación bilateral basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido. Más que resistir al embate de Trump, el reto será demostrar que México tiene la capacidad y el liderazgo para defender su soberanía sin renunciar al desarrollo.

En un mundo que exige cooperación para resolver problemas globales, la política de aislamiento no tiene cabida. Lo que está en juego no es solo nuestra relación con Estados Unidos, sino el futuro de un país que merece mejores oportunidades y un lugar destacado en el escenario global. La era Trump no debe ser una amenaza insuperable, sino un llamado a la acción para un México más fuerte y unido.

Martes negro

José Luis Elizondo Treviño

El pasado martes 5 de noviembre quedará en la memoria de la mayoría de los mexicanos como un día sombrío para nuestro país, marcado por dos acontecimientos con repercusiones de amplio alcance para México. En un giro controversial, y con el cambio repentino de opinión del Ministro Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto del Ministro Luis González Alcántara, cuyo objetivo era atender la acción de inconstitucionalidad promovida por partidos de oposición en contra de la reciente reforma judicial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump obtuvo una victoria contundente en las elecciones presidenciales, lo cual presenta una realidad inquietante para la relación bilateral y los intereses de México.

El rechazo al proyecto del Ministro González Alcántara revela las posibles amenazas que se han dado en el órgano máximo de justicia del país. El proyecto buscaba revisar las nuevas disposiciones de la reforma judicial que, según la oposición, vulneran principios constitucionales básicos, como la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial. La decisión del Pleno de no dar curso a esta revisión suscita una serie de cuestionamientos en la opinión pública, que tienen que ver con la inminente sumisión del Poder Judicial ante el poder político.

La independencia de los poderes es esencial en cualquier democracia, y el fallo del Pleno podría representar un grave precedente de sumisión a los intereses del Ejecutivo. El principio de separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, se ve comprometido en este momento crítico, y la consecuencia más inmediata es la pérdida de confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la Suprema Corte.

En un segundo evento de gran impacto, la reelección de Donald Trumpcomo presidente de Estados Unidos representa un escenario complejo para México. Trump ha sido un crítico constante de las políticas migratorias y comerciales de nuestro país, impulsando medidas de presión como la construcción de un muro fronterizo y la imposición de aranceles. Su victoria, que demuestra el resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras en el vecino país, proyecta una sombra de incertidumbre sobre la relación bilateral que implica numerosos temas de interés para los mexicanos.

En su primer mandato, Trump empleó su retórica para estigmatizar a los inmigrantes mexicanos y desincentivar la cooperación binacional. Aún estápor verse si esta postura se mantendrá en su segundo mandato, pero todo parece indicar que el endurecimiento de las políticas migratorias, el comercio, y las políticas laborales regresarán a la mesa, poniendo en peligro a las comunidades y empresas mexicanas que dependen de una relación estable y de respeto mutuo entre ambos países.

La confluencia de estos dos eventos plantea un desafío profundo. La Suprema Corte, con su fallo, ha suscitado dudas sobre su función como garante de la Constitución y protector de los derechos de los mexicanos. Mientras tanto, la victoria de Trump refuerza la idea de que México necesita una política exterior fuerte, que defienda sus intereses y que, al mismo tiempo, procure soluciones justas en temas de migración, comercio, y derechos humanos.

En este contexto, se supone que la mejor arma para defender a México es el Poder Judicial, pero la traición del Ministro Pérez Dayán, dejarán a nuestro país en el limbo jurídico ante grandes presiones del próximo presidente norteamericano

En un contexto como este, se hace imperativa la fortaleza de nuestras instituciones. México necesita un Poder Judicial robusto y autónomo, así como una política exterior pragmática y estratégica que aborde los desafíos planteados por el nuevo gobierno estadounidense. Es hora de que nuestros líderes actúen con visión y firmeza, no solo para enfrentar las tormentas externas, sino también para construir un sistema de justicia y una relación internacional que verdaderamente sirvan a los intereses de los ciudadanos, y no al interés personal del ex presidente.

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