• Eu. Vera

Organizaciones Civiles exigen "alerta de género" en Morelos.


La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, aseguró que 633 mujeres han sido víctimas de feminicidio y 43 más siguen desaparecidas desde el año 2000 hasta febrero de este año.

La CIDH reiteró su llamado al gobierno de Graco Ramírez para declarar la Alerta de Violencia de Género en el estado, la cual ya había sido solicitada por primera vez en 2014, la asociación afirma que el gobierno no ha atendido la petición. Juliana Quintanilla, integrante de la CIDH declaró que la solicitud tiene como sustento documentos y análisis de denuncias públicas de casos ocurridos desde el año 2013. Si se aprueba, Morelos sería el segundo estado en implementar esta medida, después del Estado de México anunciara la Alerta de Genero en 11 de sus municipios a finales del mes pasado.

Durante una conferencia de prensa en el centro Miguel Agustín Pro Juárez, Paloma Estrada, integrante de la organización, señaló que los feminicidios se han vinculado con el narcotráfico.

“Las asesinan, les ponen cartulinas o mantas relacionándolas al crimen organizado. Es el pretexto del estado para no investigar, declaró Estrada. También señaló que se han dado a conocer casos, donde las mujeres parecen víctimas del narcotráfico y se ha demostrado que los delitos fueron cometidos por sus parejas o familiares.

"En Morelos, consideramos que el último recurso para parar toda esta violencia y salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, la memoria y la justicia para las mujeres es que se aplique la alerta de la violencia de género”, destacó Julieta Quintanilla.

La activista indicó que la mayoría de los casos han ocurrido en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Puente de Ixtla, Zacatepec y Yautepec.

En el evento, se destacó que 42 mujeres han desaparecido, por lo que consideró relevante la aprobación de la iniciativa de ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada en el estado, el 15 de julio de este año.

"La promulgación de esta ley supone avances sustantivos" en el combate a la desaparición forzada, consideró Fernando Ríos, director ejecutivo de la Red por los Derechos de Todas y Todos.

De convertirse en ley, se garantizará que las familias de las víctimas de desapariciones forzadas puedan solicitar a las autoridades o a los dueños de un inmueble que se sospeche vinculado a un delito, que abran sus puertas de forma expedita.

Además, busca penas de hasta 60 años para los funcionarios perpetradores de algún acto vinculado con la desaparición forzada.

Como medio de apoyo a esto en el blog: nuestrashijasderegresoacasa se puede rellenar un formulario digital para apoyar esta petición. Aquí la liga directa al formulario.


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15 Segundos | Periodismo Político en Monterrey, Nuevo León.