• Araceli Garza

Revelan en "Operación Tornado" nombres de acusados de corrupción en NL


Este viernes la SubProcuraduría Anticorrupción anunció el embargo precautorio de bienes del exgobernador Rodrigo Medina y de 11 funcionarios de primer nivel (siete) y servidores públicos , así como acciones en contra de exfuncionarios de segundo nivel , alcaldes, diputados federales, empresarios, funcionarios bancarios en total al menos 30 personas por diversos delitos cuyos daños ascienden a 3, 600 millones de pesos al erario público.

Sin decir cuántos bienes y qué tipo de ellos, en rueda de prensa el titular Ernesto Canales y el Fiscal del mismo Aldo Fasci Zuazua así como la Contralora hablaron de un daño de 3 mil 600 millones de pesos al erario público por parte de la administración anterior y funcionarios.

A través de fideicomisos evitaron la Ley , adquirieron inmuebles en forma dirigida, realizaron obras para beneficio privado, pagaron sobreprecios, volúmenes de obras no realizadas, obras sin licitar a favor de personas que están vinculadas entre sí con servidores públicos y familiares, uso de información privilegiada dijo Aldo Fasci quien agregó:

“en este momento se está procediendo a el aseguramiento de bienes en contra de 11 servidores públicos… no es factible porque se está ejecutando la orden del juez en estos momentos” asegurando que una vez concretadas las acciones se darían detalles.

La rueda de prensa inició minutos después de las tres de la tarde hora en que señalaron las autoridades se estaba llevando a cabo el embargo de los bienes.

Precisaron que el Ministerio Público , presentará cargos en contra del exgobernador Rodrigo Medina, nueve funcionarios de primer nivel , cinco exservidores públicos dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, 10 empresarios inmobiliarios, dos funcionarios bancarios , familiares y socios.

Todos ellos por delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones equiparable, delitos patrimoniales y ejercicio abusivo de funciones coalición.

EXFUNCIONARIOS

Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015

· Rolando Zubirán Robert, secretario de Desarrollo Económico

· Celina Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional

· Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas y Tesorero General

· Luis Marroquín Salazar, secretario de Obras Públicas

· Jaime Parada Ávila, director del Instituto de Innovación y Tecnología

· Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable

· Patricia Aguirre González, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado

· Sergio Alanís Marroquín, director Ejecutivo de Fomerrey

· Juan Livas Cantú, director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus

· Víctor Martínez Trujillo, director General del Sistema de Caminos de Nuevo León

Fasci presentó laminillas que explican una red de operación de la que dijo no se darían los nombres hasta en tanto no estén vinculados a proceso judicialmente.

Esta red la presentó en cuatro bloques:

  1. Consejo Estatal de Promoción a la Inversión (exservidores públicos) a quien se le imputarán delitos de colusión, ejercicio indebido de funciones y peculado por daño de 2,200 millones de pesos. Aprobaron inversiones de obras para beneficio privado, adquisiciones de muebles sin licitación; es decir desvío de recursos, resultando favorecidas personas vinculadas a los exservidores.

  2. Consejo de Administración de Sistema de Caminos autorizó obras que no le competían y eran para particulares

  3. Comité técnico de Fidecitrus con un banco ,ambos modifican el convenio y otorgan atribuciones de Ley para que le correspondan a las autoridades formando el canal para desviar recursos que incluye pagos del Estado cuando correspondían a compromisos fiscales particulares

  4. Inmuebles, el Estado contrata empresa para buscar inmuebles y realizar obras donde hay vinculación con el propio Gobernador además de cobrar comisiones quien vende el terreno y el seleccionador de terrenos y socio del terreno fue quien hizo tramites y socio apoderado del banco.

  5. Constructores. Daño 2,200 millones de pesos. Cobraron obras en volúmenes y pagadas dobles además de que no hicieron las obras. Además obras que no existieron por 800 millones de pesos (a reserva de un segundo peritaje en proceso) y 14 obras con los mismos conceptos que registran sobreprecios. Subcontratación de empresas relacionadas con dueños de inmuebles. Sistema de Caminos autoriza subcontrataciones sin cumplir requisitos y tienen relación con servidores públicos y autorizó una obra adicional (una carretera).

DETALLA CONTRALORÍA

Al presentar un informe de los trabajos de la Contraloría del Estado, la titular anunció la integración de 117 casos de los cuales se investigan 42 casos y en 28 se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y en 47 casos se advirtió presunta responsabilidad en delitos penales por lo que se presentaron las denuncias a la SubProcuraduría por la presunta comisión de delitos como: peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido y abusivo de funciones e informó la inhabilitación por 10 años de funciones públicas de varios extitulares del gabinete anterior

Los denunciados son: la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje, Sistema Metro y Secretaría General de Gobierno.

A través de la Auditoría Especial a la Obra Publica 2010-2015 cuya inversión ascendió a 40 mil millones de pesos a la fecha se han auditado el 60% a las obras encontrándose irregularidades como: falta total o parcial de comprobantes de pago, facturación duplicada, facturas que no corresponde a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte y pagos de anticipo de obras no realizadas en la que se detectaron desvíos por 2,300 millones de pesos aproximadamente.

En este rubro se investiga la presunta destrucción y sustracción de información y documentos que debieron quedarse bajo los actuales funcionarios responsables.

En una primera etapa se están imputando acciones para recuperar montos entregados a empresas constructoras por diversos conceptos como: pagos duplicados, volúmenes pagados en exceso entre otros que asciende a 28.7 millones de pesos y se está en proceso de integrar expedientes de contratos duplicados por más de 700 millones de pesos.

En 16 casos se advierte responsabilidad administrativa cuyo superior jerárquico no era el Gobernador del Estado se les informó a los titulares las irregularidades detectadas para que se investigue al personal e inicien los procedimientos correspondientes e imponiendo las sanciones.


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15 Segundos | Periodismo Político en Monterrey, Nuevo León.