• LuzMaría Medina

Emite recomendaciones CEDH a la Secretaría de Educación


La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una Recomendación a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León al omitir medidas de supervisión y prevención, perjudicando a la comunidad educativa.

La presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, señaló que las investigaciones que se hicieron en 6 expedientes de queja acumulados , revelaron la omisión de personal de la citada dependencia estatal, al no adoptar medidas de supervisión y prevención, en perjuicio de la comunidad educativa.

Algunos de los casos investigados son como el suscitado en un colegio privado al sur de Monterrey, en el que un alumno disparó en contra de estudiantes y una docente; así como el ocurrido en una secundaria del municipio de San Nicolás, donde un alumno atacó a una maestra con un cuchillo; además del registrado a fuera de un Conalep del municipio de Monterrey, en el cual un estudiante agredió a otro compañero con arma blanca, causándole la muerte.

Añadió que otros de los casos fue el sucedido en una secundaria de Guadalupe, en el que una alumna agredió a un profesor con una navaja; el de un niño de 11 años que perdió la vida, por un disparo accidental de un arma de fuego de una compañera, en el municipio de Cadereyta; y el último en el que un alumno de una escuela de Guadalupe por redes sociales emitió amenazas con desatar una balacera.

Acreditándose en cinco casos la introducción de armas de distintos tipos por parte del alumnado, sin que las autoridades escolares se percataran de ello, teniendo como consecuencia la pérdida de la vida de cuatro personas, así como de seis personas lesionadas.

Se concluyó que cinco de los incidentes se registraron en horarios escolares y otro a la hora de la salida, pero en el exterior del plantel, lo que evidenció una falta de adopción de medidas eficaces para evitar exponer a riesgos a las y los estudiantes, así como al personal docente, mientras se encontraban en los planteles educativos, lo que implica descuido o trato negligente por parte de la autoridad.

La comunidad educativa tiene derecho a una vida libre de violencia, esto implica una garantía de debida diligencia por parte de las autoridades del Estado, lo que se traduce en la adopción de respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables, pues la seguridad de las y los estudiantes en los centros escolares es una base fundamental para ejercer el derecho a la educación.

Se recomendó que se instruya al personal competente para que en cada uno de los planteles educativos en los que fueron acreditadas violaciones a derechos humanos, se implementen los Programas de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y se conformen Brigadas Escolares; se dispongan en los planteles educativos involucrados, buzones de denuncia anónima accesibles para el alumnado, con el compromiso de dar seguimiento a las mismas por parte de las autoridades educativas y se informe al alumnado de sus derechos y obligaciones conforme a las disposiciones normativas aplicables, en relación con la prevención, atención y erradicación del acoso y la violencia escolar.

Además se elaboren e implementen mecanismos no violentos de solución de conflictos en los que se involucren a madres, padres y tutores; se inicien los procedimientos de investigación para deslindar las responsabilidades administrativas del personal involucrado; se brinde capacitación en temas de derechos humanos, sobre la obligatoriedad de la observancia del principio del interés superior de la niñez y se colabore en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.


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15 Segundos | Periodismo Político en Monterrey, Nuevo León.