José Luis Elizondo T.
El Poder Legislativo federal, integrado por las cámaras de diputados y la de senadores, es el responsable de estudiar, revisar y aprobar nuevas leyes o reformas a las ya existentes, para que nuestro marco jurídico permanezca siempre actualizado.
Pero en ocasiones cometen imprudencias que parecen increíbles, ya que cada senador tiene a sus asesores jurídicos, además, la propia cámara tiene su área especializada en los temas legislativos que están en discusión.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron en el Senado de la República el 15 de abril pasado, se contrapone con lo que señala el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en otras palabras, los senadores aprobaron una reforma que a todas luces es inconstitucional.
A través de un artículo transitorio que no fue debidamente circulado entre los senadores, lo cual ya es una irregularidad en el proceso legislativo, el Senado aprobó ampliar por dos años el período del actual Presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar de la Rea, quien de acuerdo a la Constitución deberá dejar el cargo en el año 2022, pero con esta reforma, pretenden que concluya hasta el 2024, cuando termina el sexenio de su amigo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El párrafo quinto del artículo 97 de la Constitución Política mexicana señala textualmente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.”
Cualquier estudiante de la carrera de derecho sabe que ninguna ley está por encima de la Constitución General, mucho menos un artículo transitorio.
Por lo pronto el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de la Corte que elaboró la iniciativa de reforma a esa Ley Orgánica, y cuya reforma tiene como finalidad el terminar con los casos de nepotismo en el Poder Judicial, se deslindó de la reforma, al aclarar que ellos no tuvieron nada que ver con ese artículo transitorio, y de paso dejan la duda de quién fue el autor intelectual de esa barbarie legislativa.
La Suprema Corte, como sabemos, es un tribunal que tiene a su cargo resguardar la Constitución y cuidar de que toda ley, acto de gobierno o de los particulares no esté reñido con el texto de la Carta Magna.
La duda es ¿qué hará el Ministro Presidente Arturo Zaldívar? Aceptará prolongar su período en contra de lo que señala la propia Constitución y de los propios integrantes de la Corte para quedar bien con el Presidente? ¿O va a contradecir a Presidente y resguardar la constitucionalidad al no aceptar ese “regalo”? Sin duda tendrá que meditar bien su respuesta, porque ese regalo envenenado que le dieron, lo ha puesto en una encrucijada, en la que cualquier decisión que tome, lo va a debilitar como Presidente del Poder Judicial.
Bueno, aún falta que esa reforma se apruebe en la Cámara de Diputados, pero ¿qué se puede esperar ante la aplanadora de Morena?
Este atentado a nuestra Constitución puede ser el principio del desmoronamiento del orden jurídico nacional y de las instituciones que han costado sangre y muchas décadas para construir.
