Ex Presidente Alejandro Toledo: Condenado a 20 años por corrupción en Perú

El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años y seis meses de prisión por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, marcando un hito en el caso Lava Jato en Perú. Esta sentencia es la primera de alto perfil en el país relacionada con este escándalo de corrupción que ha afectado a varios gobiernos de América Latina.

Toledo, quien gobernó Perú de 2001 a 2006, fue hallado culpable de lavado de activos y colusión, después de que la fiscalía demostrara que recibió hasta 35 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht en la construcción de una carretera que conecta la costa sur de Perú con la región amazónica de Brasil. Durante el juicio, que duró un año, el exmandatario se declaró inocente y solicitó cumplir su condena en casa para recuperarse de un cáncer, pero su petición fue desestimada.

La condena se hizo efectiva en una sala adaptada en un penal de Lima, donde Toledo está recluido desde abril de 2023, tras ser extraditado de Estados Unidos. Este penal también alberga a otros exmandatarios, como Pedro Castillo, quien enfrenta investigaciones por rebelión.

La corrupción en Odebrecht, conocida como el escándalo Lava Jato, ha salpicado a casi todos los expresidentes peruanos. Otros exmandatarios, como Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, también están siendo procesados, mientras que Alan García se suicidó en 2019 antes de su arresto. La situación ha puesto de manifiesto la crisis de gobernabilidad y la desconfianza en las instituciones en Perú.

Toledo, un economista con formación en la Universidad de San Francisco y una maestría en la Universidad de Stanford, había huido del país en 2018, siendo declarado prófugo antes de su detención en EE.UU. en 2019. Su caso destaca la gravedad de la corrupción en la política peruana y el impacto duradero de los escándalos de Odebrecht.

La condena de Toledo no solo representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Perú, sino que también subraya la necesidad de un sistema judicial robusto que pueda hacer frente a estos complejos casos de corrupción a gran escala.