La Rebelión del Poder Judicial: ¿Qué Está en Juego con la Nueva Reforma?

Era apenas el primer minuto del lunes 19 de agosto cuando la calma de la madrugada fue rota por una determinación colectiva. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) decidieron que no podían seguir como si nada ante la inminente reforma que se cernía sobre ellos, una propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, según sus propias palabras, los beneficiaría. Pero en las calles y oficinas de todo el país, aquellos que sostienen la balanza de la justicia no lo vieron así.

A lo largo y ancho de México, los empleados del PJF tomaron la decisión de dejar sus labores y entrar en un paro indefinido. En la Ciudad de México, en el corazón de San Lázaro, unas 50 almas se plantaron frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que regula su trabajo diario. Las puertas se cerraron, pero las voces que clamaban por justicia, irónicamente, no lo hicieron.

Aquella mañana, cuando el presidente López Obrador se presentó en su acostumbrada conferencia matutina, los micrófonos no tardaron en lanzarle la pregunta obligada: "¿Qué opina del paro?" Con el tono calmado que lo caracteriza, respondió: "Están en su derecho de manifestarse". Pero en sus palabras se colaba un mensaje claro: "No se dejen engañar, esta reforma no les perjudica, les beneficia". Sin embargo, el subtexto que resonó en las mentes de muchos fue una advertencia: si siguen con esto, tal vez solo estén sirviendo a aquellos que realmente desean mantener la corrupción que aún existe en las altas esferas del poder judicial.

¿Por qué se habían levantado en protesta? La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, una de las organizaciones más representativas, no tardó en hacer público su rechazo. Para ellos, la nueva reforma, con sus más de 100 cambios a la propuesta original enviada al Congreso el pasado 5 de febrero, no respetaba los años de servicio ni la dignidad de los trabajadores. Sentían que borraba de un plumazo las carreras que muchos habían construido con esfuerzo.

Entre los cambios propuestos, algunos destacaban por su alcance: un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos tributarios, con jueces obligados a justificar cualquier retraso ante un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; la pérdida de poder del Senado para nombrar a los servidores del PJF, y la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a 9, con sesiones que ahora serían públicas y una presidencia que rotaría cada dos años. Además, se impondría un tope salarial, y las viejas estructuras de poder, los fondos y fideicomisos que habían sido la sombra del PJF, quedarían prohibidos.

Pero tal vez lo que más inquietaba a los trabajadores era la perspectiva de que su labor, su dedicación y su historia dentro del Poder Judicial fueran desestimadas. La reforma proponía eliminar el requisito de edad para ser ministro, magistrado o juez, pero exigía un expediente académico intachable y años de experiencia jurídica. Los más jóvenes veían una puerta abierta, pero los veteranos sentían que se les cerraba una ventana.

En este amanecer de incertidumbre, México observaba, expectante, cómo se desenvolvía una historia que, sin duda, marcará el futuro del Poder Judicial en el país.