Reporta CEDH 11 muertes tras fallas en servicio de transporte urbano

Como alarmante consideró la CEDH NL el aumento de personas lesionadas y fallecidas en accidentes viales protagonizados por camiones urbanos durante la administración de Samuel García, que suman 245 personas lesionadas y 11 fallecidas.

Ante este expediente se le ha solicitado  al Director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad José Manuel Valdez Gaytán cumpla con varios compromisos hacia la ciudadanía.

Estos son: que se  disculpe públicamente por su actuar negligente, inicie procedimientos de responsabilidad, elabore un Plan Estatal de Movilidad integral, implemente protocolos de actuación y prevención, se instalen en las unidades un Sistema de Posición Satelital (GPS) y cámaras de videovigilancia; actualice la información relacionada con movilidad y seguridad vial,  realice  mesas de trabajo, fortalezca la coordinación institucional, y adopte medidas para mejorar la calidad y seguridad del servicio de transporte público.

Exigió el órgano aborde de manera efectiva estas problemáticas, priorizando soluciones de fondo y no acciones paliativas y mediáticas.

Derechos Humanos emitió la Recomendación General 09VG/2024 al Director General del Instituto de Movilidad debido al negligente manejo de la crisis de movilidad en el estado.

La Presidenta del Organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que se han afectando al menos quince derechos fundamentales, incluyendo la movilidad, la vida digna, la salud, la educación, el trabajo, al descanso y la recreación, el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de las personas en situaciones de discapacidad, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Bajo tres criterios se consideran violaciones graves de acuerdo a la  la Corte Interamericana de Derechos Humanos son: que haya multiplicidad de violaciones en el evento; que la magnitud de las violaciones esté relacionada con el tipo de derechos humanos violentados y que haya una participación importante del Estado, ya sea en vía de acción o de omisión;

 Mientras que la SCJN ha fijado un doble parámetro sobre la base de que se compruebe la trascendencia social sobre las violaciones: la gravedad de los tipos de violaciones cometidas y la cantidad de personas afectadas por actuación de la autoridad, considerando una afectación a  dos millones de personas, explicó Méndez Arellano.

Entre las violaciones señaladas se encuentran la falta de accesibilidad, sostenibilidad, seguridad vial, eficacia, igualdad e inclusión, y calidad en el servicio de transporte público. Estas deficiencias incluyen largos períodos de espera para abordar un camión, tiempos prolongados de traslado en unidades sin clima, además de malos tratos, viajes inseguros, condiciones precarias de las unidades, y riesgos para la seguridad de los usuarios.