Sacan reformas a Ley del Isssteleón; maestros se inconformaban

Mientras afuera del Congreso cerca de unos 70 maestros se inconformaban por las reformas a la Ley del Isssteleón, adentro en el recinto se discutió por mas de 4 horas su aprobación .

Fueron 33 votos a favor 2 en contra y 4 abstenciones con la que se logró sacar adelante la propuesta de Gobierno Estatal de modificar dicha Ley.

Considerada por los maestros como perjudicial para su etapa de pensión y con la exigencia de igualdad en los servicios médicos , la Ley avanzó en sus 207 artículos propuesta por el gobierno del estado,.

En ella se contempla un mínimo de 6 mil 250 pesos para iniciar una pensión pero que consideran los docentes atropello ya que además se asienta un pago mayor de aportaciones que servirán para solventar las pensiones de quienes están a punto de adquirirla.

TESORERO

Por su parte el Tesorero , Carlos Garza Ibarra dijo con ello se reduce la presión financiera que representa el anterior régimen de pensiones.

Nuevo León cuenta con un total de 47 mil 594 servidores públicos estatales activos y de ellos son 21,846 maestros, 2,431 del poder Judicial, de la FGJ 3,563; del Congreso 149, del Gobierno 14,247 y otros organismos 5,358 que son derechohabientes de este organismo.

De este total, 9 mil 491 servidores públicos están inscritos en el régimen de Beneficio Definido, es decir, que desde que inicia la vigencia de su contrato laboral saben cuánto recibirán en su jubilación.

En el régimen de Contribución Definida están 38 mil 103 trabajadores, quienes cuentan con el Sistema Certificado de Jubilación (Cuenta Individual).

Con la ley anterior la pensión no superaba el 20% del salario que recibía el trabajador, y ahora puede ser hasta el 65%

lo que representa una mejoría notable y contribuye a un retiro más digno.

Con esta nueva Ley a partir de su entrada en vigor, la pensión garantizada por jubilación de 6 mil 250 pesos, cantidad que se actualizará anualmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Además dijo el Tesorero que ahora se ve obligado el Estado en aportar recursos para la atención médica de los jubilados.