Director del DIF intenta deslindarse

Agencias informativas de Europa dan cuenta del tráfico de bebés que funcionarios del DIF en el estado de Sonora conformaron durante los últimos años bajo una red con niños recién nacidos.

Ha informado que la Procuraduría sonorense libró órdenes de detención para 16 personas.

La red de tráfico de niños, que eran vendidos hasta en 150.000 pesos (casi 9.000 dólares), estaba integrada por un exfuncionario del DIF de Sonora, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, según reportó este miércoles la Procuraduría de ese estado, citada por el portal de noticias Aristegui.

Arzate identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción o alcoholismo que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del estado de Sonora.

Los niños recién nacidos, que debían ser ingresados a la casa hogar Unacari del sistema DIF, eran vendidos por Arzate y su cómplice, el abogado José Manuel Hernández López, a personas que esperaban adopciones.

López y Arzate "se encargaban de identificar a parejas dispuestas a entregar dinero. Vladimir recogía al bebé y este nunca ingresaba el menor al DIF, nunca ingresó la información al Estado, como normalmente ocurre con los bebés que nacen de madres vulnerables", explicó el procurador Carlos Navarro Sugich en una rueda de prensa el 27 de agosto.

Hasta el momento se ha logrado identificar a nueve bebés que fueron arrebatados por el exfuncionario de la DIF a sus madres.

La Procuraduría local puntualizó que por los delitos de supresión, ocultación y sustitución de menores, López y Arzate podrían enfrentar una penalidad de 6 meses a 6 años de cárcel y de 15 a 40 años de prisión por sustracción y tráfico de niños.

DIRECTOR DEL DIF INTENTA DESLINDARSE

Por su parte, el director del Sistema DIF Sonora, Agustín Blanco Loustaunau, intentó deslindarse del hecho al asegurar que los menores vendidos por un ex funcionario estatal jamás ingresaron a la institución ni a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, -sin embargo, es responsabilidad del titular de una dependencia verificar lo que hacen sus subalternos.

En entrevista, el funcionario estatal agregó que actualmente tres de los nueve menores involucrados fueron puestos a disposición de la institución, siendo la primera vez que están bajo su resguardo.

Destacó que se tuvo conocimiento de los lamentables hechos cuando se recibió la denuncia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para ello, el titular de la Línea Protege, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex funcionario acusado del delito, con anterioridad había enviado por escrito su renuncia al departamento de Recursos Humanos.

Expuso que del año 2009 a la fecha se registran 163 trámites para adopción de menores y en ninguno se ha procedido ilegalmente, todos los expedientes cumplen con los requisitos, abundó el directivo.

Subrayó que el acusado entró a trabajar en

la Línea Protege en el año 2009 y en el mes de mayo de este año tomó su período vacacional, “jamás se volvió a presentar a la institución, por medio de una persona hizo llegar su renuncia por escrito al departamento de Recursos Humanos”.

Asimismo, Blanco Loustaunau dijo que desconoce si otros funcionarios están involucrados en el caso, ya que eso solamente la PGJE lo conoce y podrá ventilar la información, cuando así lo considere necesario, abundó.

De los nueve menores involucrados la PGJE puso a disposición a tres, cuyas edades fluctúan entre uno y tres años, al Sistema DIF Sonora y sobre los otros seis menores que se les puso precio para ser adoptados, la PGJE realiza las investigaciones correspondientes y la institución trabajará con ella, añadió el funcionario al aclarar que el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Francisco Javier Gómez Izaguirre, sigue en funciones en la dependencia.