La Fiscalía de Colombia le pidió a la Corte Suprema que examine si hay elementos para abrir una investigación sobre la participación del expresidente Álvaro Uribe en una masacre que cobró la vida de 15 campesinos el 22 de octubre en 1997, en la comunidad rural de El Aro, quien era en ese entonces gobernador de la provincia de Antioquia y posteriormente fue presidente entre 2002 y 2010.

Según testimonios de los sobrevivientes, varios paramilitares quemaron casas, violaron a las mujeres y mataron a los campesinos en un ataque que duró dos días.

Durante el ataque, “la fuerza pública dejó desprotegida a la población”, por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado “a pagar una indemnización cercana a 3 400 millones de pesos (unos USD 1 100 millones)” a los familiares de las víctimas, de acuerdo con el CNMH.

La decisión de la Fiscalía fue impulsada por la declaración del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” quien afirma que Uribe "tuvo conocimiento directo de los hechos, la masacre fue ordenada por Carlos Castaño y que conocía de testigos que señalaban a miembros del Estado de haber participado en ella".