Este viernes el presidente de Estados Unidos Barack Obama, apeló a la decisión de la Corte Suprema con el fin de solicitar reactivar una acción ejecutiva para proteger a millones de inmigrantes ilegales de la deportación, enfatizando que los estados liderados por los republicanos no tenían una base legal para impugnar la medida.

El documento de 45 páginas de extensión al que AFP tuvo acceso lleva la firma del Procurador General de Estados Unidos, Donald Verrilli, y pide a la Suprema Corte que inicie una "revisión inmediata" del caso, además de reafirmar la autoridad del presidente para firmar decretos sobre política migratoria.

Hace ya un año, Obama anunció las medidas ejecutivas sobre inmigración, el Departamento de Justicia apeló formalmente una cerrada decisión tomada el 9 de noviembre por el quinto Tribunal del Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans, que ratificó un dictamen adoptado en febrero por un tribunal de primera instancia que frenaba la iniciativa.

La orden ejecutiva de Obama permitiría que hasta 4.7 millones de inmigrantes ilegales vivan en Estados Unidos sin la amenaza de la deportación, la iniciativa está dirigida a personas que no tienen antecedentes penales y cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses.

Los documentos presentados piden al alto tribunal un "examen inmediato" del deseo del gobierno de proteger a los inmigrantes, que en su mayoría son padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes en situación regular.

Obama, pide a la Corte que intervenga en una disputa entre 26 estados principalmente de gobierno republicano y el gobierno central demócrata, en medio de una campaña electoral en la cual la inmigración es un tema crucial, si la corte acepta el caso y fallar hacia fines de junio y si el fallo es favorable al gobierno, a Obama le quedarán siete meses para aplicar sus planes.

El paquete también modifica los criterios de prioridades para deportación, en una tentativa para evitar dividir familias que incluyen miembros en situación legal en el país, el documento sostiene que el bloqueo judicial a las medidas migratorias "tiene un impacto humanitario de largo alcance y además irreparable".