El 16 de enero en la Jornada de El Campo, Jéssica Estefanía Jiménez Montoya y Edgardo Monroy Rodríguez, miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, nos comentaron sobre las implicaciones que acarreará la llegada del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Todo un trabajo muy ilustrativo para comprender las grandes atrocidades que los mega proyectos de empresas transnacionles y contubernios con políticos del país, viene haciendo con el medio ambiente, desde la extracciones de metales preciosos e industriales, hasta proyectos turísticos (Tajamar) o hidráulicos como el Acueducto Independencia o el caso de tan cuestionado Monterrey VI, al querer traer aguas del río Pánuco. Indican los estudiosos que: “A lo largo de los 30 capítulos del Tratado no se mencionan compromisos, medidas de protección, consultas vinculantes, ni sanciones ante incumplimiento, daños y perjuicios a los ecosistemas o medio ambiente, ni por violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio ambiente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extracción-desecho. Los intereses económicos relacionados con la minería, el fracking, petróleo, la construcción de presas, plantas de tratamiento, hidroeléctricas etcétera, encuentran en el TPP otra capa jurídica protectora frente a las políticas ambientales y resistencias de los pueblos. El Capítulo 20 sobre ‘Medio ambiente’ plantea como objetivo la promoción de políticas comerciales y ambientales. Se enuncia la preocupación por la descarga o emisión de contaminantes; el control de químicos, desechos y sustancias tóxicas, y la protección de la capa de ozono y de la diversidad biológica y de la flora y fauna. Sin embargo, los mecanismos para garantizar la protección no son visibles ni obligatorios, sólo se pide que ‘sus inversiones se realicen de manera sensible’. Las demandas, reglas y sanciones competen sólo al rubro de inversiones. La intervención de la iniciativa privada, en particular de las corporaciones, en el servicio público del agua en México se ha fomentado en el neoliberalismo desde la modificación a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, las posteriores reformas a las legislaciones de los estados y el préstamo del Banco Mundial solicitado en 2001 por el gobierno del presidente Vicente Fox. La privatización del agua implica el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas que convierten el agua en objeto de lucro.” Señoras y señores, la destrucción ambiental del gran capital sigue su paso y ello, implica también la vida de millones de mexicanos; el exterminio de la población y ecosistemas ya es muy evidente en varias regiones del país para ir aplicado esos mega proyectos y demás proteccionismo del Estado al Gran Capital y sus secuaces ¡Órale! raurubio@gmail.com