La Fiscalía Anticorrupción dejó en claro que el caso del cobijagate no es caso juzgado por lo que la investigación que se ha reabierto va en los términos para fincar responsabilidades en caso de que haya por el pago de 29 millones de pesos por 200 mil cobertores

Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción señaló que se están notificando a cada una de las partes y reveló que son cerca de ocho personas que estarán siendo notificadas y entre ellas Rogelio Benavides.

En la reapertura del caso apuntó que la Auditoría encontró nuevos “puntos” que considera la Fiscalía indispensables para atacar las líneas de investigación y que el inejercicio de la acción penal no había reunido los requisitos que marcan la legislación vigente, proceso en tiempos de Ernesto Canales.

Garza y Garza dijo que los nuevos elementos que se aportan está declaraciones de funcionarios que señalan que no se recibieron las cobijas que se dijo en el 2015 se habían comprado y por las que se pagaron 29 millones de pesos , apenas un mes entrada la administración estatal.

“todas las líneas de investigación se estarán viendo” e insistió que la Fiscalía a su cargo no comparte el criterio que se asentó como inejercicio de la acción penal por lo que esta se reabrió y será el Juez quien decida si se está ante el ejercicio de una acción penal por diferentes delitos.

Asentó que no se va en contra de una persona sino en contra de un acto cometido, esto luego de que el titular administrativo Rogelio Benavides Pintos dijera que se trata de una persecución política.