Manuel González dijo confiar en los Tribunales sin embargo en su defensa acotó que a diferencia de ellos, los Partidos Políticos designan a los funcionarios de todos los niveles de los Tribunales Electorales y del INE.

Asentó que será publicado el acuerdo del Congreso que aprobó las Reglas Procesales pero dejó en calar que no han sido notificados de que se ha iniciado el procedimiento para aplicar la sanción.

El Secretario General de Gobierno no descartó que en la defensa que seguirán haciendo, llegue a la Suprema Corte del País.

“los independientes o los ciudadanos lamentablemente no tenemos espacio en la conformación de esos organismos, solo los partidos políticos designan a los funcionarios de todos los niveles… la ciudadanía que somos la mayoría no tenemos un espacio para opinar” dijo esta mañana.

Hoy por la tarde la Sala Superior del TEPJF resuelva sobre el recurso de revisión que interpusieron para evitar que el Congreso local los sancione por las llamadas broncofirmas.

Esperamos que hoy en la tarde el Tribunal respete la Ley como nosotros lo estamos haciendo dijo, tras insistir que el Congreso no es competente para aplicar este procedimiento y su sanción a la que están sujetos.

De la ilegalidad dijo haberle ya informado a la misma Magistrada ponente Janine Otálora “le hicimos ver con toda claridad que no podían oponerse a la Suprema Corte de Justicia.., un poder como ese creado superficialmente para las elecciones no puede estar por encima de los tres poderes marcados por la constitución y uno de ellos es la Suprema Corte.. y ya ha señalado que los Congresos no son competentes para eso”

El fallo de la corte fue dado el pasado 15 de junio de este año y publicado apenas la semana pasada.

“todo eso son errores marcados por un poder electoral judicial que tendrá sus posiciones como las tuvo en Monterrey , durante seis meses mantuvieron la voluntad de la ciudadanía fuera de contexto cuando debieron de haber respetado la elección..” concluyó.

PROYECTO

Se ha divulgado que el proyecto de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone confirmar se sancione al Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón y a Manuel González dictaminado por la Sala Regional Especializada.

La tarde de este miércoles, la Sala Superior estará resolviendo el recurso de revisión promovido por el mandatario contra el proceso que ha iniciado el Congreso local contra él y el Secretario de Gobierno por el desvío de recursos para recolectar las firmas que le dieron el pase para registrar su candidatura presidencial.

Ya entrada la noche, el Gobierno emitió un comunicado inconformándose y alegando que existían ya desde ayer fuertes rumores acerca de que desecharán la demanda y acusa al poder como “Tribunal a modo de algunos partidos políticos”.

Sostiene la irregularidad de ese fallo, que va en contra de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha señalado que los Congresos no son las instancias facultadas para sancionar a esa clase de funcionarios, sino que lo son la Auditoría Superior Estatal y las Contralorías internas de las dependencias.

Lo que busca esta Sala Superior alega, es evitar entrar en contradicciones con la Suprema Corte, y mantener sus criterios sobre la interpretación del superior jerárquico, creando una salida que les permita mantener sus criterios, confirmando con ello, que es un Tribunal a modo de algunos partidos políticos”.

“Estamos en total desacuerdo con la Sala Superior, porque en lugar de entrar al fondo del asunto pretenden defender criterios que ya no son sostenibles frente a las decisiones de interpretación constitucional de la Suprema Corte, desechando los recursos que promovimos en tiempo y forma.

PROYECTO DE SENTENCIA

Lo publicado por el periódico El Norte en el proyecto de la magistrada ponente Janine Otálora, circulado ayer a los magistrados, se determina que se trata de un procedimiento especial sancionador de naturaleza electoral y que sí compete al Congreso local sancionarlo, al tratarse de un funcionario local sin superior jerárquico pero no determina qué reglas debe establecer el Congreso .

"Se confirma la resolución incidental controvertida", propone Otálora en su resolutivo, que requeriría del voto a favor de cuatro de los siete magistrados para su aprobación.

Así la Sala Superior desestimaría los agravios planteados por el mandatario y el exgobernador interino en cuanto a que la Sala Regional Especializada no respetó su derecho de audiencia, el no haber sido notificados del procedimiento y la falta de facultades del Congreso para sancionarlos, entre otros.