Alianza Federalista lanza reclamo por caso de CdV

El día de ayer quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, y con propósitos manifiestamente electorales, sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho. Mediante procedimientos plagados de irregularidades técnico–jurídicas,

Así se pronunciaron los gobernadores de la Alianza Federalista que lo integran 10 y entre ellos Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Cuestionaron que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados que encabeza el diputado Pablo Gómez Álvarez, Martha Patricia Ramírez Lucero y Mary Carmen Bernal Martínez, hayan dictaminado proceder en contra García Cabeza de Vaca, pero proteger con inmunidad constitucional al Senador de MORENA, Cruz Pérez Cuellar, rechazando su desafuero.

Los dictámenes aprobados revelan dos raseros (varas) para impartir justicia en nuestro país: la de los opositores políticos y la de los congraciados con el régimen morenista.

Esta maniobra legislativa la calificaron “Justicia a Modo”.

En el caso García Cabeza de Vaca, la Sección Instructora morenista si permitió el desahogo de pruebas de cargo fuera transmitido por el Canal del Congreso y las cuentas de la Cámara de Diputados en YouTube, Facebook y Twitter mientras que a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se le negó hacer los mismo en el caso del Senador Cruz Pérez Cuellar .

En ambos casos, los procedimientos evidenciaron graves vicios procesales, dictámenes con una deficiente valoración de los elementos probatorios, información tergiversada, apreciaciones jurídicas torpes y burdas, pero sobre todo argumentos sesgados y contradictorios.

A lo anterior se le suma, las turbias maniobras que se realizaron para reemplazar a los miembros de la Comisión Instructora, siendo el fin evidente: votar bajo consigna de los intereses electorales y autoritarios del partido oficial. Al igual que la sospechosa presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, minutos previos de la discusión del dictamen. Es evidente que no fue el derecho y la justicia la que orientó a la Comisión Instructora en sus dictámenes, sino la víscera política.

Y concluye El Pueblo de México merece justicia, no simulaciones perversas.