Confirma ASE triangulación de recursos Gobierno-empresa-despacho familiar


La Auditoría Superior del Estado confirmó la triangulaciones de recursos de Gobierno NL -empresas-despacho familiar García por 1,696.6 millones de pesos , hacia el padre del gobernador Samuel García.
El auditor, Alejandro Reynoso Gil, compareció ante el Congreso y documentó 786 en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 depósitos de proveedores del gobierno de estatal al “despacho jurídico y fiscal fundado por un funcionario y un familiar”.
El órgano fiscalizador identificó cuatro rutas de triangulación de recursos a través de proveedores de la administración estatal, por un monto de 728.1 millones de pesos.
Otros 968.5 millones de pesos corresponden a depósitos de proveedores gubernamentales y operaciones bajo investigación.
La Auditoría identificó transferencias al despacho por 385.3 millones de pesos a través de una ruta vinculada a una constructora; 202.9 millones a través de empresas comercializadoras y de alimentos; 62.9 millones a través de firmas de servicios y consultoría, y 77 millones mediante empresas proveedoras de equipamiento.
En una de las operaciones documentadas, un proveedor depositó 261.4 millones de pesos al despacho. Al día siguiente, la firma transfirió 262 millones de pesos a una inmobiliaria.
La Auditoría reportó, además, rendimientos financieros por 418.8 millones de pesos, equivalentes a 7.2 millones de pesos netos mensuales. Con ello, el monto total asciende a 2,115.4 millones de pesos.
Debido a la confidencialidad de la investigación, el auditor no nombró a funcionarios ni empresas específicas. Sin embargo, personas cercanas a las indagatorias aseguran que se trata de la red de despachos jurídicos y fiscales de la familia del gobernador Samuel García.
La evidencia financiera documentada por el órgano fiscalizador abre una línea de investigación sobre el posible desvío de recursos públicos en beneficio de intereses privados, en línea con las denuncias que la oposición y entes federales han presentado en contra del gobernador Samuel García.
El 16 de octubre de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la FGR por una presunta triangulación de más de 7,200 millones de pesos desde el gobierno de Nuevo León.
También documentó transferencias por 23.2 millones de pesos al despacho mediante proveedores del DIF Nuevo León, una oficina manejada por Mariana Rodríguez Cantú.
También hizo referencia a operaciones por 74.1 millones de pesos hacia el despacho y empresas relacionadas, a través de una distribuidora de medicamentos oncológicos.
La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 arrojó un saldo de 8,902 observaciones no solventadas, por un monto económico y financiero de 61 mil millones de pesos.
































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