Con tres votos a favor y dos en contra los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron dar marcha atrás a las reglas procesales que el Congreso de Nuevo León definió para sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario de Gobierno Manuel de la O Cavazos por las llamadas broncofirmas.
El mandatario Jaime Rodríguez interpuso una controversia constitucional ante el máximo órgano del país por el proceso que seguía el Congreso del Estado en su contra.
La controversia argumentada por el Gobernador es que no es autoridad el Legislativo para sancionarlo ni mucho menos crear reglas para aplicarle la sanción con la que buscaban cumplir la orden de sancionarlos dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal", se lee en la sentencia.
La Corte determinó que sigue vigente la facultad del Congreso local para ejecutar el fallo del TEPJF, pero sujeto a los lineamientos de la Corte.
"Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política", agrega.
Con la propuesta aprobada la tarde de este miércoles en la primera sala de la SCJN, el poder legislativo del estado de Nuevo León no podrá sancionar como se tenía previsto en semanas pasadas.
