Acusaciones a gobernador y funcionarios

Al mediodía de este miércoles  comenzó a circular los  señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más lo que ha puesto en tensión  entre la clase política del  país

El Gobierno estadounidense solicitó al gobierno mexicano la detención con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha  y los funcionarios acusados por narcotráfico.

El Gobernador Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa han sido señalados por el gobierno estadounidense de Donald Trump

El Gobernador Rubén Rocha dijo en entrevista estar tranquilio y “no va a pasar nada” señalando que ya havía platicado con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Hugo Erick Flores presidente de la comisión jurisdiccional de la Cámara de Diputados explicó que la solicitud de un juicio de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha solo se podría llevar a cabo si la Fiscalía General de la República (FGR) o el Congreso Local de la entidad lo solicitan.

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará su propia investigación en el caso del gobernador de Sinaloa y los demás imputados que fueron acusados por el gran jurado de Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas para determinar si presentará la solicitud de detención con fines de extradición.

Ulises Lara López, fiscal de asuntos relevantes de la FGR, aseguró que la acusación de las autoridades de EU no cuenta con elementos probatorias para que en México se pida la detención con fines de  extradición  en contra de los funcionarios de Sinaloa.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados en la voz de su coordinador Ricardo Monreal  consideró que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense podrían tener motivaciones “políticas”, y recalcó que la solicitud de extradición enviada por Washington no incluyó elementos de prueba sobre la presunta culpabilidad de los señalados.

• Enrique Inzunza Cázares, actualmente senador y antes secretario general de Sinaloa, habría acordado con los líderes del cártel la protección institucional a cambio de favores políticos, actuando como vínculo entre la administración estatal y la facción de “los Chapitos”.

• Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas, fue clave en la coordinación con el cártel, entregando información sobre rivales políticos para que fueran presionados o retirados de contiendas electorales, además de servir como enlace entre los líderes criminales y el gobernador.

• Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos contra laboratorios y miembros de la organización, permitiendo la destrucción o traslado de pruebas antes de los allanamientos.

• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, habrían recibido sobornos de 16 mil dólares mensuales cada uno, permitiendo la libre operación del cártel y la liberación de sus miembros detenidos.

• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, facilitó información adelantada sobre redadas para que los narcotraficantes pudieran mover drogas y equipo, protegiendo así los intereses de la organización.

La violencia en Sinaloa persiste a causa del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza. | Crédito: Cuartoscuro

• José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.

• Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.

• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

El senador Enrique Inzunza abandonó el Senado de la República luego de que se difundieran acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, señaladas por autoridades de Estados Unidos. El legislador de Morena rechazó los señalamientos y aseguró que son “falsos y dolosos”, mientras el caso genera tensión política y cuestionamientos sobre su situación legal.