Encuentra ASF indicios de desvío de recursos en el gobierno de Samuel

La Auditoría Superior de la Federación encontró desvíos de recursos en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa por lo que  se encuentran bajo investigación del órgano.

De acuerdo a la información de investigación que hizo la dependencia federal esto se encontró en la revisión de la cuenta pública del 2025 en la que se detectaron  debido a presuntos esquemas de triangulación, simulación de operaciones y desvío de recursos públicos hacia cuentas ligadas a familiares de servidores públicos en sus respectivas cuentas públicas

Dijo que se identificaron esquemas de triangulación,  simulación  de operaciones e identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través de pagos de proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicasque mantiene vínculos familiares con servidores públicos

Al presentar este viernes ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, hizo referencia  también al escándalo que generó el caso de las trampas en el examen de ingreso a las licenciaturas de UNAM, y las fallas de la empresa particular encargada de organizar dicha prueba por lo que también está abierta una investigación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno. De ese monto, más de 5 mil 200 millones corresponden a 42 municipios que no acreditaron el destino de recursos federales.

Esta segunda entrega incluye 374 informes: 42 de municipios, 286 de auditorías a entidades federativas y 46 a entes federales. Las revisiones permitieron a la ASF identificar, entre otros hallazgos, esquemas de transferencias de recursos a través de intermediarios en Nuevo León y Sinaloa.

En ambos estados, el dinero habría terminado en cuentas de empresas y particulares con vínculos familiares con servidores públicos. En Sinaloa, además, entes estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora integrada por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal.