Pide FGR pruebas a EU por caso Rocha y nueve más

La Fiscalía General de la República mexicana  pide al gobierno estadounidense ampliar la información y le aporte pruebas que acrediten la presunta responsabilidad del gobernador Rubén Rocha y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que los señala con delincuencia organizada.

"La detención provisional materia del pedimento .. solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas, encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada", dijo   el fiscal Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencia.

Junto a  Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR dieron una conferencia de prensa este viernes para explicar los terminos en que la petición del gobierno vecino de no se puede ejercer una detención provisional con fines de extradición  

"Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y los tratados internacionales".

"Afirmamos categóricamente: Nada ni nadie por encima de la ley".

 "existe la urgencia de la autorización de la detención provisional" de los diez funcionarios y ex funcionarios mexicanos señalados de colaborar con el cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que no se solicitará detención provisional, y el desafuero de tres de los servidores públicos, hasta que el gobierno estadunidense aporte las pruebas”

Ambos funcionarios  fueron cuestionados dado que en otros casos la FGR ha procedido a detener a los presuntos responsables de haber cometido o participado en un delito cuando se solicita su detención provisional y sobre todo que  en este caso  siete de los solicitados por Estados Unidos no tienen fuero, insistieron  que estas medidas cautelares se activarán hasta que el gobierno de Estados Unidos aporte las pruebas, testimonios y otros anexos que confirmen la presunta responsabilidad.