La SCJN, el último bastión de nuestro sistema democrático

José Luis Elizondo T.

En todo sistema democrático, el equilibrio y la separación de poderes son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un papel crucial como máximo intérprete de la Constitución y garante de su cumplimiento. Así lo ha demostrado al fallar en contra de iniciativas del Poder Ejecutivo que tienen un claro tufo de inconstitucionalidad, especialmente el período de la Presidenta Ministra Norma Lucía Piña.

Los fallos de la SCJN en contra del Plan B de la reforma electoral; invalidar el decreto del Ejecutivo que declaraba como de seguridad nacional e interés público a todas las obras prioritarias de este sexenio así como la resolución para que la Guardia Nacional no sea parte del ejército, son solo algunas de las acciones que han motivado ataques verbales desde las mañaneras y acciones violentas, que en algunos casos se pueden asumir como amenazas, como el hecho de llevar al edificio de la Corte una ataúd con la imagen de la ministra.

La SCJN es una institución independiente encargada de interpretar y aplicar la Constitución. Su función principal es proteger el equilibrio de poderes establecido en la Carta Magna, evitando que el Ejecutivo o el Legislativo abusen de su autoridad y se excedan en sus facultades. Esta facultad de control constitucional permite a la SCJN corregir arbitrariedades y garantizar que los actos de los poderes públicos estén acordes con los principios fundamentales establecidos en la Constitución.

Gracias al compromiso con la justicia de la mayoría de los Ministros la Corte defiende las libertades individuales de las y los mexicanos consagradas en la Constitución y fortalece el Estado de Derecho al garantizar que todas las instituciones se sometan a los principios y normas establecidos en la Constitución, lo que contribuye a la estabilidad y confianza en las instituciones democráticas, así como a la consolidación de un sistema jurídico basado en la igualdad, la justicia y la legalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la nación ha demostrado que está dispuesta a defender nuestra Constitución ante los constantes intentos que han llevado a cabo el Ejecutivo y de la mayoría morenista del Poder Legislativo. Por lo tanto, como mexicanos, tenemos la obligación de corresponder y defender a la Corte para ayudarles a mantener el equilibrio entre los poderes.

No dejemos caer al último bastión que nos queda en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

¿Mejor que Dinamarca?

José Luis Elizondo t.

23-jun

Recientemente el Presidente López Obrador declaró, en su tradicional “mañanera”, que los conservadores tenían razón, porque el sistema de salud del país no iba a estar como el de Dinamarca, sino que estaría mucho mejor que el sistema danés, en referencia al nuevo programa IMSS – Bienestar, que sustituyó al desaparecido INSABI.

Sin embargo, el pasado primero de junio, en la edición matutina del Diario oficial de la Federación se publicó un acuerdo de la Secretaría de Economía en la que cancelaron y modificaron diferentes Normas Oficiales de distintas dependencias federales, entre las cuales destacan 34 Normas del sector salud que, en opinión de los expertos, afectará la prestación de los servicios de salud en el país.

La Norma Oficial Mexicana es un instrumento jurídico que establece las especificaciones técnicas, criterios, métodos de prueba, y cualquier otro requisito aplicable a productos, servicios o actividades en México, mismas que son desarrolladas mediante un proceso de consulta y participación pública, donde se involucran expertos, organismos de normalización, industria, academia y sociedad civil. Este proceso permite recopilar diferentes puntos de vista y conocimientos técnicos para lograr normas técnicamente sólidas y socialmente aceptables; es decir, no son ocurrencias de los gobiernos anteriores, al contrario, son muy útiles para que el personal de salud tenga una guía básica con un piso mínimo para atender los problemas de salud de los mexicanos, que no son pocos.

Con esta rasurada a las Normas Oficiales en salud, se afectará a pacientes con cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata; a pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. También se afecta los programas de apoyo a la lactancia materna, el tratamiento contra las adicciones, la vigilancia de la osteoporosis, las enfermedades de transmisión sexual y la asistencia a adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, por señalar algunas.

Con esta cancelación masiva de Normas Oficiales para el sector salud, queda demostrado de nuevo el desfase entre el discurso oficial en las mañaneras y la triste y demoledora realidad que nuestros gobernantes quieren que no veamos, pero que nadie puede ocultar.

Dudo mucho que en los quince meses y días que le quedan a este gobierno tengamos un sistema de salud, ya no igual o mejor al de Dinamarca, sino un sistema digno para las y los mexicanos, que atienda especialmente a los grupos de población más vulnerables, los que ya no cuentan con el Seguro Popular, y ahora tampoco cuentan con 34 Normas Oficiales que regulaban la atención médica para la atención de enfermedades catastróficas y otras endémicas que nos afectan a todos.

La solución no es mandar a todos en el IMSS, Instituto que no puede con la actual carga que tiene para atender a los trabajadores que si aportan cuotas. Mucho menos podrá atender a otros 33 millones de mexicanos que no tienen el apoyo de ningún sistema de salud y seguridad social.

La única semejanza que tenemos mexicanos y daneses sigue siendo que ambas poblaciones nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Fuera de eso, no hay ninguna otra semejanza ni en el sistema de salud ni en sus gobiernos y menos aún en sus gobernantes.