La marcha, la contramarcha y el plan B

José Luis Elizondo

EL ruido mediático que ha generado la política presidencial que está polarizando a todo el país, tuvo su clímax durante la marcha ciudadana para defender al INE del 13 de noviembre y la contramarcha organizada desde Palacio Nacional del 27 del mismo mes.

El día 13, en alrededor de 60 ciudades marcharon voluntariamente en defensa de la democracia, según algunos medios, alrededor de dos millones de mexicanos, mientras que el 27, la marcha – concentración reunió, según la Gobernadora de la Cd. de México, 1 millón 200 mil personas.

La principal diferencia entre ambas marchas es que, en la organizada en Palacio Nacional, es decir, desde el poder, contó con toda clase de recursos del erario federal para rentar camiones y pagar viáticos a los acarreados, -como el mismo presidente les llamó-, mientras que la ciudadana fue espontánea y sin costo para el erario.

El mensaje fue tan claro que el Presidente tuvo que declarar que no enviaría al Congreso la reforma constitucional y utilizaría como plan B, reformas a las leyes secundarias en materia electoral.

¿Qué pretende el Presidente con la reforma? Reducir el financiamiento público a los partidos políticos, con el riesgo es de que algunos grupos con poder económico financien a partidos y candidatos, y los lleven al poder para beneficio de ellos mismos, y no me refiero solo a grupos empresariales, sino especialmente al crimen organizado.

Reducir el número de consejeros del INE y de Magistrados del Tribunal Electoral, no es mala idea. Que se elijan por voto popular es pésima idea.

Eliminar los órganos electorales y los tribunales electorales en los estados, como lo propone el Presidente, sería un suicidio democrático. Reducir el número de senadores, diputados federales locales y regidores, no parece viable utilizando la fórmula que propone en su iniciativa, equivaldría a prácticamente eliminar a los regidores, ya que los municipios que tengan hasta 60 mil habitantes, que son una buena cantidad, contarán con un regidor, (de los 2,446 municipios del país, 1,287 tienen menos de 15 mil habitantes según la CONAPO) y los que tengan más de un millón, contarán con 9 regidores. Los municipios con más 60 mil y menos de un millón de habitantes, podrían contar con tres, cinco ó siete regidores.

Mientras que los estados que tengan menos de un millón de personas, no podrán tener más de 15 diputados y agregarán un por cada medio millón de personas adicional, en esa fórmula Nuevo León tendría 25 diputados. También plantea eliminar 200 diputados federales y 32 senadores.

También propone que senadores y diputados serían votados por listas y no por distritos; es decir, los ciudadanos votarán por las preferencias partidistas, no por la calidad humana o capacidad de los candidatos en campaña; es decir, los ciudadanos no van a saber tener un representante directo, sino que todos representan a todos.

Hay otros cambios que, por falta de espacio, se comentarán en futuras colaboraciones.