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SAT lanza campaña para facilitar el pago de adeudos fiscales y multasEl Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado la campaña "Facilidades de pago", diseñada para ayudar a los deudores fiscales y aquellos con multas pendientes a regularizar su situación. La campaña, anunciada por Luis Arnulfo Cubos Heredia, titular del área de recaudación, estará vigente del 14 de octubre al 31 de diciembre.

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Modalidades de pago disponibles

Los contribuyentes con créditos fiscales pendientes podrán acceder a beneficios bajo dos modalidades:

  1. Pago a plazos: Permite fraccionar el pago en hasta 36 mensualidades, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

  2. Pago diferido: Consiste en realizar un único pago, pero con un plazo mayor a los 12 meses desde la fecha de solicitud.

Cubos Heredia explicó que estas opciones ofrecen flexibilidad para quienes enfrentan adeudos, permitiendo que regularicen su situación de forma gradual.


Descuentos en multas

En cuanto a las multas, el descuento de recargos dependerá de su antigüedad, pudiendo alcanzar hasta un 100% de reducción en algunos casos.


Cómo acceder a los beneficios

Para conocer a qué beneficios específicos pueden acceder, los contribuyentes deberán acudir al módulo del SAT más cercano, ya sea con cita o sin ella. A nivel nacional, se estima que alrededor de 300 mil contribuyentes se encuentran en esta situación. Regularizar los pagos evitará que las deudas crezcan y se conviertan en un problema mayor.


 
 
 


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La presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció este jueves que pedirá a la Fiscalía General de la República   que informe de los avances de las investigaciones en el involucramiento de Genaro García Luna con la muerte del excandidato Presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994

 

Aunque no dio fecha durante la conferencia de prensa de esta mañana,  sí dijo que va pedirá si es posible dar un informe al respecto pues además hay otros casos en investigación que involucran al exsecretario de Seguridad federal sentenciado  esta semana por una corte de Estados Unidos a 38.8 años de prisión por delitos de narcotráfico

 

Por qué hay  vínculo?

De acuerdo a investigaciones que se han estado revelando existe la hipótesis de que habría  un segundo tirador en la muerte del excandidato presidencial  priista Luis Donaldo Colosio Murrieta en abril de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana ,Baja California.

 

En enero la FGR informó e  identificó a Jorge Antonio “S”, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que estaba encargado de la seguridad de Colosio.

 

 

El hombre fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’  al encubrir al agente  y él ostentaba el vcargo de  subdirector operativo del CISEN, y habría intervenido para que el agente no enfrentara consecuencias legales.

García Luna comenzó su carrera en el CISEN tras reprobar un examen para unirse a la policía federal, donde trabajó en investigaciones sobre grupos guerrilleros y secuestros.

Su tiempo en el CISEN coincidió con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, justo en los tiempos de campañas presidenciales  y se dio el episodio crítico para el país.

 

La FGR ha presentado pruebas de sangre que corresponderían a Jorge Antonio, además de testimonios que afirman la existencia de otro involucrado, un hombre visto corriendo con sangre en su ropa.  (información periodística)

 
 
 
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Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado este miércoles a 38 años de prisión en Estados Unidos. Acusado de recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cártel de Sinaloa, el exfuncionario cayó en la misma corte que condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán. El juez Brian Cogan, del Distrito Este de Nueva York, también le impuso una multa de dos millones de dólares.


El juez Cogan, antes de dictar sentencia, afirmó: “No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”. La Fiscalía solicitaba cadena perpetua, mientras que la defensa pedía 20 años. Finalmente, Cogan optó por una pena intermedia de 460 meses, castigando a García Luna por su “doble vida” y su colaboración con el cártel. “Usted es culpable, señor”, sentenció el juez.

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García Luna, de 56 años, se dirigió al tribunal por primera vez durante la audiencia, negando las acusaciones y alegando que su caso estaba motivado por “intereses políticos”. Con voz entrecortada, imploró: “Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido que me permita volver con mi familia”. Sin embargo, la fiscal Saritha Komatireddy fue contundente al afirmar que el exfuncionario “ayudó al cártel, protegió al cártel, era el cártel”.


Un juicio histórico

El veredicto del jurado, alcanzado tras un juicio de cinco semanas en febrero del año pasado, fue unánime. García Luna fue declarado culpable de cinco delitos, incluyendo conspiración para traficar cocaína y participar en una empresa criminal continua. La sentencia había sido retrasada varias veces, mientras la defensa intentaba, sin éxito, obtener un nuevo juicio.


César de Castro, abogado del exfuncionario, defendió su inocencia y aseguró que apelarán la sentencia. A pesar de la condena, García Luna insistió en su legado como servidor público, pero el tribunal no se mostró convencido. La tensión en la audiencia fue palpable, con manifestantes clamando “38 años no son suficientes” y dirigiendo críticas tanto a García Luna como al expresidente Felipe Calderón.


El mensaje a México

La sentencia no solo marca el fin de la carrera de uno de los funcionarios más poderosos de México, sino que también envía un fuerte mensaje a los funcionarios corruptos que colaboran con el crimen organizado. “México no es una república bananera, es un vecino importante”, subrayó Komatireddy. El caso ha generado un terremoto político en México, donde las autoridades actuales, lideradas por Claudia Sheinbaum, han pedido a Calderón que se pronuncie sobre el escándalo.


El futuro de García Luna ahora se desarrollará en una prisión estadounidense, posiblemente cerca de Washington, donde reside su familia. A la espera de la confirmación del centro penitenciario, se le impuso también una pena concurrente por falsedad de declaraciones, cinco años de libertad supervisada y la prohibición de entrada a Estados Unidos al finalizar su condena.

 
 
 

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