- José Luis Elizondo T.
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José Luis Elizondo T.
Qué paradoja: la mafia del poder, frase acuñada por Andrés Manuel López Obrador desde la oposición y que caló hondo en el electorado para llevarlo al triunfo en 2018, ya no se ubica en el PRI o en el PAN. Desde hace siete años, esa mafia reside en Morena.
Morena, con su caudillo López Obrador como figura dominante, controla 24 estados del país, la mayoría de los congresos locales, más de mil municipios (con sus aliados), el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los pocos órganos autónomos que todavía no han sido eliminados.
Con ese poder casi absoluto, Morena y sus aliados han modificado la Constitución a su antojo; reformaron la Ley de Amparo para proteger a las autoridades en lugar de proteger a las y los ciudadanos frente a los abusos del poder; sometieron a las autoridades electorales y utilizaron a las instituciones de procuración de justicia como instrumento político.
Así, la nueva mafia del poder es mucho más poderosa que aquella que gobernó antes, porque la de entonces estaba acotada por otros poderes y por los contrapesos que ofrecían los órganos constitucionalmente autónomos.
En conclusión, la antigua mafia del poder no era tan poderosa —ni tan perversa— como la nueva.
Hoy la nueva mafia del poder, está dejando al país sin crecimiento económico, con cientos de miles de desaparecidos y muertes violentas y con una deuda descomunal.
La mafia del poder
José Luis Elizondo T.
Qué paradoja: la mafia del poder, frase acuñada por Andrés Manuel López Obrador desde la oposición y que caló hondo en el electorado para llevarlo al triunfo en 2018, ya no se ubica en el PRI o en el PAN. Desde hace siete años, esa mafia reside en Morena.
Morena, con su caudillo López Obrador como figura dominante, controla 24 estados del país, la mayoría de los congresos locales, más de mil municipios (con sus aliados), el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los pocos órganos autónomos que todavía no han sido eliminados.
Con ese poder casi absoluto, Morena y sus aliados han modificado la Constitución a su antojo; reformaron la Ley de Amparo para proteger a las autoridades en lugar de proteger a las y los ciudadanos frente a los abusos del poder; sometieron a las autoridades electorales y utilizaron a las instituciones de procuración de justicia como instrumento político.
Así, la nueva mafia del poder es mucho más poderosa que aquella que gobernó antes, porque la de entonces estaba acotada por otros poderes y por los contrapesos que ofrecían los órganos constitucionalmente autónomos.
En conclusión, la antigua mafia del poder no era tan poderosa —ni tan perversa— como la nueva.
Hoy la nueva mafia del poder, está dejando al país sin crecimiento económico, con cientos de miles de desaparecidos y muertes violentas y con una deuda descomunal.
La violencia en la marcha de la Generación Z
José Luis Elizondo T.
A finales de la década de 1980, un grupo de jóvenes universitarios de la UNAM emprendió una huelga y diversas movilizaciones pacíficas para exigir la gratuidad de la educación universitaria, entre otras demandas estudiantiles. La hoy Presidenta Sheinbaum, entonces alumna de la Facultad de Ciencias, fue una de las participantes de aquel movimiento, por lo que sabe bien lo que representa la protesta pública como herramienta legítima de expresión social.
Desde hace algunos años, un grupo conocido como el bloque negro, caracterizado por vestir de negro y cubrirse el rostro, se ha dedicado a infiltrarse en marchas pacíficas en la Ciudad de México. La movilización de los jóvenes de la Generación Z y del llamado Movimiento del Sombrero, realizada el pasado sábado, no fue la excepción. El saldo volvió a ser el mismo, policías y manifestantes heridos, algunos incluso hospitalizados. A estas alturas, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la Fiscalía General de la República deberían contar ya —si no es que cuentan desde hace tiempo— con información precisa sobre los integrantes de este grupo dedicado a reventar protestas.
Diversos analistas han señalado presuntos vínculos del bloque negro con Morena, y antes de ello, con la corriente afín al lopezobradorismodentro del PRD en los años en que eran oposición al gobierno de Peña Nieto. Sea cual sea el origen, lo cierto es que su presencia continúa utilizándose para desvirtuar cualquier movilización ciudadana que son utilizadas para expresar demandas y malestar social del momento.
La Generación Z tiene demandas reales y urgentes. Es una generación preparada académicamente, pero enfrentada a un mercado laboral limitado, precario y sin seguridad social para la mayoría. Más de la mitad trabaja en la informalidad; muchos permanecen solteros, no por gusto, sino porque no cuentan con los recursos para asumir nuevas responsabilidades sin una estabilidad económica que les permita formar una familia. Exigen seguridad, porque son blanco del crimen organizado; este grupo etario concentra algunas de las cifras más dolorosas de muertes y desapariciones.
A este panorama se suma la desincentivación de inversiones derivada de la falta de seguridad jurídica tras la reforma al Poder Judicial y los cambios a la Ley de Amparo, además de las extorsiones y cobros de piso que la delincuencia organizada impone impunemente a productores y empresarios. Bajo estas condiciones, el horizonte para esta generación se vuelve cada vez más sombrío, y difícilmente podrán ser contenidas sus inconformidades con programas socialesque no resuelven sus necesidades estructurales.
Si la economía continúa creciendo por debajo del 1 por ciento, como se ha pronosticado, y si el gobierno no atiende de manera seria las problemáticas que enfrentan estos jóvenes sin futuro, será la Generación Z quien podría encabezar una protesta masiva con consecuencias políticas, económicas y sociales que el país no ha visto desde hace décadas.
15 de Noviembre
José Luis Elizondo Treviño
Desde hace algunas semanas, jóvenes de la llamada Generación Zhan convocado, a través de las redes sociales, a una marcha el 15 de noviembre para exigir la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa refleja un descontento social, así como la habilidad de las plataformas digitales para canalizarlo.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, ex Alcalde de Uruapan, Michoacán, diversas organizaciones se han sumado a las movilizaciones para exigir seguridad inmediata a las autoridades en las principales ciudades del país. Este suceso, junto con la violencia persistente, convierte a la seguridad pública en el eje de la protesta.
A estas, se suma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con demandas que, según sus críticos, tienen como fin principal evitar acuerdos definitivos y alargar el paro de labores en las escuelas que mantienen bajo su control. Su presencia en las marchas a menudo complica la narrativa de las protestas, pues introduce un factor de conflicto sindical que puede opacar las demandas cívicas y de seguridad.
Más allá de las demandas específicas de cada grupo (revocación de mandato o agendas sindicales), es la crisis de seguridad la que funciona como denominador común y principal catalizador de la confluencia de fuerzas en las calles.
La percepción de que la violencia ha tocado límites intolerables está impulsando a sectores tradicionalmente apáticos a la movilización, convirtiendo el 15 de noviembre en un barómetro de la paciencia ciudadana frente a las estrategias gubernamentales.
El fracaso percibido en frenar la impunidad y el crimen organizado es un poderoso factor de unión entre la Generación Z, las organizaciones civiles y los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia y la extorisión.
El Ejecutivo federal ha intentado minimizar estas protestas. La movilización juvenil es tildada de ser financiada por figuras como Salinas Pliego y organismos internacionales de ultraderecha. Las protestas por la violencia en Uruapan se desestiman argumentando que se están atendiendo las causas estructurales de la inseguridad. A la CNTE, la ignoran, basándose en la premisa de que su accionar es predecible y reiterativo. Esta estrategia de descalificación y polarización busca restar legitimidad a las voces disidentes en lugar de abordar de fondo sus preocupaciones.
La táctica gubernamental de atribuir las marchas a intereses externos o conspiraciones de la "ultraderecha" parece diseñada para un doble propósito; primero, movilizar a su base de apoyo morenista bajo un el argumento de que el gobierno es víctima del asedio político, y segundo, deslegitimar las demandas ciudadanas ante la opinión pública, reduciéndolas a simples agendas opositoras.
No obstante, al ignorar la preocupación legítima por la inseguridad que atraviesa a diversos estratos sociales, el gobierno corre el riesgo de convertir el descontento esporádico en una oposición social organizada y transversal, independientemente de quién esté detrás de su financiamiento.
Las movilizaciones del próximo 15 de noviembre podrían marcar el inicio de una movilización social más amplia con el objetivo central deexigir resultados tangibles en materia de seguridad a todos los niveles de gobierno. Lo que comienza como protestas sectoriales puede transformarse en un movimiento de exigencia nacional si las autoridades no logran demostrar avances efectivos.
La referencia a la Primavera Árabe es ineludible, donde las redes sociales jugaron un papel clave en la caída de sistemas políticos anquilosados. Si la percepción de inacción persiste, esta efervescencia social y política podría desbordarse, creando un escenario de gobernabilidad complejo para el inicio del sexenio.
Revocación de Mandato
José Luis Elizondo Treviño
La iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la figura de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar —integrante del partido en el gobierno y muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum—, tiene sus claroscuros. Pero su finalidad es bastante evidente; incluir en la boleta electoral la posibilidad de refrendar el mandato presidencial, con el objetivo de impulsar el voto masivo a favor de los candidatos de Morena. Una estrategia que, sin embargo, podría resultar contraproducente tanto para la democracia como para el propio partido en el poder.
A diferencia de la consulta popular, que puede ser solicitada por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, la revocación de mandato es un derecho exclusivo de los electores. Para que proceda, debe ser promovida por al menos el 3 por ciento del padrón electoral nacional, distribuido en por lo menos 17 entidades federativas. En términos reales, esto implica recabar alrededor de tres millones de firmas ciudadanas.
El texto constitucional y la Ley Federal de Revocación de Mandato establecen que, en el caso del titular del Poder Ejecutivo Federal, el procedimiento puede solicitarse dentro de los 90 días siguientes a la mitad del periodo de gobierno. Además, se precisa que no deberá coincidir con las jornadas electorales federales o locales.
Conviene recordar que esta figura fue impulsada originalmente por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial de 2018, con la intención de realizar la consulta el mismo día de las elecciones intermedias. En aquel momento no contaba con los votos necesarios para reformar la Constitución; hoy, en cambio, el partido gobernante sí dispone de la aplanadora electoral.
En la exposición de motivos del diputado Ramírez Cuéllar argumenta que su propuesta busca dar cumplimiento al artículo 134 constitucional, que ordena que la administración de los recursos públicos se realice con eficacia, economía, transparencia y honradez. En ese sentido, sostiene que el proceso de revocación de mandato anterior, celebrado en abril de 2022, costó al INE 1,567 millones de pesos, con una participación ciudadana de apenas el 17 %. Por ello, plantea realizar la revocación el mismo día de la jornada electoral del 6 de junio de 2027, con el fin de evitar ese gasto adicional.
La oposición ha denunciado que incluir la boleta de revocación de mandato en la próxima jornada electoral federal equivaldría a convertir a la Presidenta en jefa de campaña de sus candidatos, pues en esa elección estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, cientos de ayuntamientos, diputaciones locales y la designación de la mitad pendiente de jueces de distrito y magistrados de circuito que están pendientes. Además, la inclusión de una boleta adicional podría complicar el proceso de emitir el sufragio y retrasar el conteo de votos.
Usualmente en las elecciones intermedias baja la intención del voto, lo que afecta el voto duro de Morena. Colocar la revocación de mandato en la misma fecha de la elección federal podría llevar más votantes de Morena a las urnas; pero el partido en el poder debería evaluar bien estas posibilidades, ya que el porcentaje de votantes será, sin duda alguna, superior al 40 por ciento que marca la Constitución para que tenga efectos vinculatorios, habrían de valorar cómo estará la aceptación de la Presidenta en esas fechas, porque existiría la posibilidad de que le sea revocado su mandato. ¿O de eso se trata, para así encumbrar a un perfil más cercano al exmandatario que vive en Palenque?
Carlos Manzo, un Símbolo de la Indignación Ciudadana
José Luis Elizondo Treviño
3 nov..El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado sábado durante un evento popular, frente a su familia y sus seguidores, ha desatado una oleada de indignación que ha llevado a miles de ciudadanos a protestar frente al palacio de gobierno michoacano. La exigencia es clara, un reclamo enérgico por la inacción del gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.
Con este crimen, el séptimo presidente municipal asesinado en lo que va de la administración de Ramírez Bedolla, Michoacán se sitúa de nuevo en el centro de la atención nacional. Este clima de descontento social pone a prueba al gabinete de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y atrae la mirada de todo el mundo.
Los michoacanos exigen la renuncia del gobernador, pues consideran que la falta de acciones efectivas equivale a complicidad o, al menos, a una sumisión ante los cárteles que dominan diversas regiones del estado. Mientras tanto, el Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, ha respondido con el envío de más elementos de la Guardia Nacional para patrullar Uruapan, una medida que, para muchos, llega tarde.
Carlos Manzo denunció públicamente las amenazas recibidas y solicitó apoyo tanto al gobierno estatal como a la Federación. Prueba de ello es que, al momento del ataque, contaba con un vehículo blindado y catorce elementos de la Guardia Nacional como escoltas de seguridad. Su trágica muerte es la demostración de que, cuando el crimen organizado toma una determinación, no se detiene ante nada ni ante nadie. Este patrón de violencia generalizada también se replicó la semana pasada con el asesinato de Carlos Bravo, líder de los limoneros michoacanos que se opuso al cobro de piso que el crimen organizado aplica a los productores de limón, aguacate y otros productos agropecuarios.
La sociedad está profundamente molesta con la inacción e ineficacia de los gobiernos local y federal. Esta situación crítica demanda un cambio radical en la actitud de ambos órdenes de gobierno, obligándolos a emprender una estrategia frontal para desarticular a las diversas células de los cárteles que han establecido un verdadero narcogobierno en amplias zonas del estado y del país.
La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. No es una exageración, como ya lo ha señalado en diversas ocasiones el Presidente estadounidense Donald Trump, al afirmar que en México existen amplias zonas que no están gobernadas por ninguna autoridad legítima, sino por organizaciones del crimen organizado.
Hoy, Carlos Manzo, el alcalde independiente de Uruapan, puede convertirse en el símbolo de la insurgencia y la resistencia ciudadana. Su memoria debe ser la bandera para confrontar de manera decisiva las estructuras del crimen organizado en Michoacán y para condenar, las omisiones y la indiferencia del gobierno estatal y federal.
Por el bien de México, es hora de poner fin a la fallida política de "abrazos y no balazos" y pasar a una estrategia de seguridad que garantice la vida de los mexicanos y la gobernabilidad de nuestro México.
A la caza de Maduro
José Luis Elizondo T.
Venezuela vive momentos de tensión por la decisión del presidente Trump de declarar a Nicolás Maduro como líder del cártel de Los Soles y presidente espurio. Más de 15 mil militares en buques y un portaaviones, según se menciona en diversas notas periodísticas, vigilan las costas de ese país para evitar el trasiego de drogas por aguas internacionales.
Más de 60 personas han muerto en enfrentamientos con los marines estadounidenses, que tienen orden de bombardear a las embarcaciones que presuntamente transportan droga.
Eliminar deliberadamente a las personas que llevan drogas es éticamente y jurídicamente cuestionable, pero el mensaje que manda a los cárteles de ese país y desde luego, de nuestro país es contundente; Estados Unidos no se detendrá hasta acabar con los cárteles que inundan ese país con diferentes tipos de drogas.
Lo que sigue en Venezuela es capturar y encarcelar en territorio estadounidense a Nicolás Maduro, lo que posiblemente sucederá pronto, pero quienes deben estar preocupados son los integrantes de las mafias mexicanas, porque terminando con Venezuela, posiblemente seguirán ellos, porque la mayor parte de la droga de Venezuela y Colombia que llega a Estados Unidos, lo hace por el territorio mexicano, a donde llega desde el océano pacífico.
Difícilmente apostarán sus tropas alrededor de nuestras costas, pero sí podrán ingresar al territorio mexicano con la excusa de que participan en un programa especial de adiestramiento a las tropas mexicanas, cuando en el fondo lo que hacen es apoyar las tareas de inteligencia militar para ubicar y detener narcotraficantes y desmantelar laboratorios de fentanilo.
La segunda era de Donald Trump en la Presidencia de la República estadounidense, que apenas ha cumplido sus primeros diez meses, parece orientada a dejar una marca definitiva en la política antidrogas de su país. Su objetivo, según sus propios discursos, es reducir drásticamente el flujo de estupefacientes hacia territorio estadounidense, incluso si para ello debe actuar más allá de sus fronteras.
Paradojas en el Presupuesto 2026
José Luis Elizondo T.
La organización “México Evalúa” ha señalado un escenario paradójico en el paquete económico del año entrante. Los contribuyentes enfrentarán una mayor carga fiscal con los incrementos a los impuestos especiales (IEPS) en bebidas azucaradas, cigarros y alcohol, entre otros muchos productos y servicios, así como en el pago de diversos derechos. Sin embargo, estos recursos adicionales no se destinarán a mejorar la salud de las finanzas públicas ni a fortalecer el gasto social, sino a mayores aportaciones a PEMEX, la petrolera más endeudada del planeta.
Esta es la primera de varias contradicciones. El estudio de la organización subraya que tres de cada cuatro pesos que ingresarán en 2026 se destinarán a gastos obligatorios para el Estado. Esto incluye pensiones contributivas y no contributivas, transferencias a estados y municipios, y el pago del servicio de la deuda. Esta rigidez presupuestaria se da en detrimento de sectores estratégicos como la salud, la educación y la seguridad, rubros en los que nuestro país se está quedando rezagado en comparación con otras economías.
Países como Corea del Sur y Singapur demostraron que la inversión estratégica en educación y capital humano es el camino seguro para lograr un crecimiento económico sostenible y constante, no el reparto de dinero de manera indiscriminada y sin medir sus resultados ni el impacto en la productividad.
Para mejorar el ingreso nacional se necesita incentivar las inversiones públicas y privadas, ya que, si crece el sector productivo, crece la recaudación de impuestos diversos. Pero aquí reside otra paradoja; desde el sexenio pasado, el gobierno se ha dedicado de manera insistente a desmantelar contrapesos a través de la creación de mayorías legislativasartificiales, la desaparición de órganos de control autónomos, el control de órganos electorales y la designación de ministros, magistrados y jueces de distrito "a modo".
Estas nuevas condiciones de incertidumbre institucional, sumadas a las amenazas arancelarias provenientes de nuestro principal socio comercial,están impactando directamente en el crecimiento económico nacional.
Es irónico que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera un crítico insistente de los gobiernos "neoliberales" que crecían a un 2% o 2.5% anual. Ahora, con el nuevo paquete económico, los pronósticos para 2025 se ubican en un preocupante estancamiento de la economía del país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado para México un crecimiento del 1.0%. El Banco Mundial (BM), del 0.5%. La OCDE, del 0.4%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece un rango entre 0.5% y 1.5%.
Comparado con otras economías de la región, México está en clara desventaja y se ubica en los últimos lugares de crecimiento.
Brasil, nuestro principal competidor económico, proyecta un crecimiento, según el FMI y la CEPAL, entre 1.9% y 2.5%. Argentina crecería alrededor de 4.3%. Perú, entre 2.7% y 3.2%; y el promedio de crecimiento económico en toda América Latina y el Caribe se ubica en el 2.4% del PIB.
Con un bajo crecimiento pronosticado, un endeudamiento histórico de alrededor de 18 billones de pesos y un elevado déficit fiscal del 4.3% del PIB para el año siguiente, el panorama económico de nuestro país se presenta complejo. La situación podría deteriorarse aún más si se complican las renegociaciones del T-MEC y las tensiones comerciales con Estados Unidos se intensifican.
Relanzamiento del Partido Acción Nacional
Por José Luis Elizondo T.
22-oct Durante la Asamblea Nacional panista celebrada en la Ciudad de México, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional anunció el relanzamiento del PAN, sustentado en tres ejes, redefinir sus causas, revivir el orgullo panista y la empatía con la gente, y abrir una etapa de participación, transparencia y democracia interna, acompañada de una actualización en su identidad visual.
Dentro de este nuevo enfoque, se anunció también el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas, mismas que en el pasado le permitieron importantes triunfos electorales en alcaldías, gubernaturas e incluso en la Presidencia de la República.
Sin embargo, el escenario político actual es muy distinto. Morena controla los tres poderes de la Unión, ha debilitado los contrapesos institucionales y promueve una reforma electoral que pretende reducir el número de legisladores de representación proporcional, lo que en la práctica implicaría fragmentar aún más a la oposición y acentuar la concentración del poder.
En este contexto, renunciar a las alianzas podría convertirse en un error estratégico. Más que una muestra de autonomía, sería una concesión que facilitaría la hegemonía de un solo partido y debilitaría la representación de las diversas opciones políticas del país.
La prioridad de la oposición en estos momentos debe ser proteger la democracia mexicana, no competir por espacios aislados. México necesita una oposición unida, responsable y con visión de Estado, capaz de frenar el deterioro institucional y recuperar los equilibrios que toda república moderna requiere.
El PAN ha decidido apostar por la identidad sobre la coalición, una decisión legítima, pero que deberá evaluarse con el paso del tiempo. El riesgo está en que el relanzamiento se recuerde no como una estrategia audaz, sino como una oportunidad perdida que facilitó la consolidación del partido en el poder.
Hoy más que nunca, México necesita la unidad de las fuerzas democráticas. Los intereses partidistas deben ceder ante el interés superior de la nación y la defensa del sistema democrático que tanto ha costado construir.
