- Araceli Garza
- 9 feb
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Tres años ya de la muerte de Angel Moreno de 14 años de edad y siguen sin explicación su caso por parte del DIF de Nuevo León.
Este 9 de febrero se cumplieron los tres años de que el menor que se encontraba bajo la tutela del DIF Fabriles donde falleció en circunstancias no afrontadas por la autoridad responsable del bienestar de los infantes.
La Comisión Estatal de Derechos Humano sigue esperando que el DIF Nuevo León acepte las recomendaciones que emitió.
La Presidenta Susana Méndez Arellano insistió en que la muerte del menor que vivía en el DIF desde los cuatro años se trató de un crimen de estado y recordó que Ángel presentaba múltiples discapacidades, debido al maltrato, falta de cuidado, negligencia y dolo en la actuación del personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a cargo de Mariana Rodríguez
En mayo del 2023, el Organismo emitió una recomendación dirigida a Gloria Bazán, Encargada del Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dando cuenta de los Principios y derechos humanos vulnerados como: derecho a la vida y a no ser privado de ésta; a una vida libre de violencia; a la preservación de la integridad física, psicológica y emocional; a un trato humano; derecho al interés superior de la infancia y adolescencia; a vivir en condiciones de bienestar; a un sano desarrollo integral; a vivir en familia; a la salud; al acceso a la verdad; a la legalidad; al debido proceso; a la dignidad; y, a los diversos derechos que tienen las personas en situaciones de discapacidad.
El Organismo continúa en contacto con personas allegadas al caso, las cuales siguen clamando por justicia , ya que es inaceptable que un adolescente de 14 años, con discapacidad, que vivió desde sus 04 años en el DIF, quien tenía la custodia, haya sufrido una tragedia a manos del mismo personal a su cargo, arrebatándole su derecho a un futuro pleno .
Dichas personas compartieron algunas fotografías de su infancia, intentando sensibilizar a las autoridades y personas de la sociedad civil, pidiendo se unan a pedir justicia, ya que no se cumplió con los deberes de protección por parte de la Institución encargada que debió garantizar su seguridad y bienestar. Asimismo para los otros niños que han fallecido ahí y quienes continúan siendo víctimas de abusos, pues así lo han manifestado sus familias ante la CEDHNL.
La Ombudsperson explicó que al no aceptar una recomendación, en donde se garantice la no repetición de estos hechos, existe la posibilidad de que se sigan vulnerando los derechos humanos de las infancias, por lo que subrayó la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas de protección a menores, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad bajo la tutela del Estado.
